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La promotora de El Algarrobico reclama 35.000 euros a Greenpeace

El hotel de la discordia.cuatro.com

Por los daños ocasionados al establecimiento durante una acción de protesta.

La empresa Azata, promotora del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico (Carboneras, Almería), ha anunciado que va a interponer una demanda de reclamación de cantidad ante el juzgado en funciones de guardia de Vera (Almería) para que la organización ecologista Greenpeace asuma el coste de los daños ocasionados al establecimiento durante la acción de protesta que llevaron a cabo activistas del colectivo el 5 de septiembre y que se prolongó durante tres días.
Según ha detallado el director general de la mercantil, José Rodríguez, la tasación de los desperfectos asciende a 35.000 euros.
En concreto, la parte del edificio con daños de mayor cuantía son las lunas de color azul de uno de los comedores del hotel y ubicadas en la frontal de la fachada. Sobre ellas, reza ahora el lema '¿A qué esperan ¡Demolición ya!', lo que, ha asegurado Rodríguez, ha provocado que queden "inutilizadas". Asimismo, los ecologistas "forzaron con una palanca todas las puertas de acceso a los pasillos del hotel, que estaban cerradas y clausuradas, y causaron desperfectos en la pintura del interior".
Azata del Sol ya reclamó por la vía judicial a la organización conservacionista Greenpeace el pago de un total de 195.222 euros, cantidad en la que cifra los daños que ocasionó en la fachada del inmueble la pintada realizada por una treintena de activistas en julio de 2007 con la consigna 'Hotel Ilegal'. Cada una de las letras que componían la frase 'Hotel Ilegal' alcanzó los tres pisos de altura del edificio y la totalidad del lema abarcó un total de 1.200 metros cuadrados.
Según Azata del Sol, que alegó que la tasación de los daños fue realizada por un perito independiente, la pintada alcanzó ventanas y balcones y no se pudo eliminar añadiendo una nueva capa de esmalte.
"Grave inseguridad jurídica"
Por otro lado, Rodríguez ha considerado este martes que la "constante anulación" de normativas que dicta la Administración está provocando una "grave inseguridad jurídica que impide la inversión". "No sabemos exactamente a que atenernos debido a la ambigüedad y esto afecta a todas actividades económicas como agricultura o pesca, no sólo a las urbanísticas", ha subrayado.
Así lo ha trasladado en referencia al fallo del Tribunal Supremo (TS) que confirma la suspensión cautelar de la norma autonómica que rige los usos del suelo en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en el que se sitúa en el enclave de El Algarrobico, al compartir con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que su aplicación podría derivar en uno "uso efectivo" del establecimiento con "efecto devastador" medioambiental.
Rodríguez ha señalado que la sentencia dada a conocer este martes "crea evidentemente una incertidumbre" en todos los agentes económicos y genera "dudas" sobre cuál es la legislación vigente. Hay que recordar que TSJA ordenó retrotraer el nivel de protección en el sector ST-1 en el que se levanta el hotel de Azata al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994, en el que, según el Alto Tribunal andaluz, el paraje figura como "no urbanizable" frente al plan en vigor desde el 2008 donde aparece como "núcleo habitado existente o zona transformada".
En esta línea, ha remarcado que cuando la mercantil inició en 2003 la construcción del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones "se nos informó clarísimamente de que el planeamiento urbanístico aprobado -en alusión a Plan Parcial de Sector ST-1 según Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Carboneras- establecía que era una parcela que se destinaba a uso hotelero y, en base a esto, se nos concedieron todas las licencias".
Precisamente, la categoría asignada al suelo donde se levanta el hotel es objeto de litigio en otro proceso seguido en TSJA después de que un juez de Almería estimase "clamoroso" en un fallo dictado el 5 de septiembre de hace tres años que la zona era "no urbanizable" en contra de lo que sostiene la Administración andaluza, que lo sitúa en zona D2 o zona "no incompatible con el uso urbanístico".
En este sentido, el director general de Azata, quien ha advertido de que se trata de un proceso que se va a prolongar "durante muchos años", por lo que -ha subrayado- "no se puede hablar de demolición ya", ha apuntado que el "asunto de fondo" del conflicto generado en torno a la legalidad del hotel no es si "hay un defecto o no en la licencia de obras sino si el planeamiento urbanístico estaba o no correctamente aprobado de acuerdo a la normativa vigente".