Tres magistrados del Constitucional ven compatible proteger la tauromaquia y prohibir las corridas de toros en Cataluña

Se trata de la vicepresidenta, Adela Asua Batarrita, que ha suscrito un voto particular al que se ha adherido Fernando Valdés Dal-Ré, y de Juan Antonio Xiol Ríos, que ha emitido un segundo voto discrepante. Los tres consideran compatible proteger la tauromaquia con la medida autonómica.

En su voto particular, Asua y Valdés se pronuncian en contra de la estimación del recurso. En sentido, entienden, en primer lugar, que el artículo 149.2 de la Constitución "no incluye una competencia legislativa" del Estado y, por tanto, no tiene "la capacidad de desplazar" competencias autonómicas exclusivas como son las relativas a espectáculos públicos y a protección animal.

"Si el Estado no tiene competencia para legislar con arreglo al artículo 149.1 CE, no puede acudir como segunda opción al artículo 149.2 CE ", aseguran. Además, consideran que el mandato de proteger la tauromaquia, dada la amplia definición legal de ésta, no ofrece fundamento suficiente "para declarar inconstitucional" una "prohibición precisa" (la de las corridas de toros), amparada por el ejercicio de dos competencias autonómicas. A su juicio, la norma autonómica no impide la protección de otras manifestaciones de la tauromaquia como "bien cultural".

Por su parte, Xiol señala que las competencias autonómicas en materia de espectáculos públicos y de protección animal son "las más específicas y directamente concernidas con la materia". Frente a ellas, señala que la competencia estatal de protección de la cultura en relación con la tauromaquia (que la Constitución considera concurrente, es decir, de carácter complementario) no puede imponerse de manera absoluta en todo el territorio nacional.

"Habida cuenta de que existe un conflicto entre la cultura de la tauromaquia y la cultura de protección de los animales, representada por la ley impugnada, el deber estatal de protección de la tauromaquia depende de la implantación de aquella en distintas zonas del territorio nacional (como se reconoce por los tribunales franceses y colombianos), en algunas de las cuales ha estado desde hace años incluso prohibida (Canarias) ante la indiferencia del Estado", señala el magistrado.

"PRONUNCIADO DECLIVE" DE LA TAUROMAQUIA EN CATALUÑA

Por ello, Xiol considera que la sentencia debió ponderar el "pronunciado declive" experimentado por la afección a la tauromaquia en Cataluña en los últimos años y "no olvidar que la Constitución no consagra una única cultura, sino que protege las culturas" de "los pueblos" de España, según la interpretación, en este caso, emanada del Parlamento de Cataluña.

Por el contrario, la sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente la Magistrada Encarnación Roca, reconoce que el precepto recurrido se inscribe tanto en el ámbito de la protección de los animales como en el de la regulación de los espectáculos públicos, materias cuya competencia corresponde a la Generalitat. No obstante, precisa que el ejercicio de esas competencias por la comunidad autónoma ha de "cohonestarse" con las que la Constitución reserva al Estado.

De este modo, remite a los arts. 149.1.28 CE (defensa del patrimonio cultural) y 149.1.29 CE(seguridad pública). Sobre este último señala que la competencia sobre espectáculos públicos se refiere a la "policía de espectáculos". En este caso, concluye que no hay vulneración de las competencias estatales.

Respecto a si hay afectación a las competencias estatales en materia de cultura (art 149.2 CE), la sentencia señala el hecho "incontrovertido" de que "la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social" en España y que las corridas de toros "son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación" dado "su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial".

"Como una expresión más de carácter cultural, las corridas de toros pueden formar parte del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado dirigida a su preservación", asegura al tiempo que añade que se han dictado un conjunto de normas a través de las cuales "se ha declarado formalmente la Tauromaquia como patrimonio cultural".

La sentencia recuerda que la dimensión cultural de las corridas de toros se ha potenciado después con la aprobación de Ley para la regulación de la Tauromaquia y la Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, posteriores a la norma autonómica y no recurridas ante el TC. Ambas normas, según señala van "dirigidas específicamente a la preservación de la manifestación que son las corridas de toros".

La sentencia también reconoce que el legislador autonómico goza de libertad en la "interpretación de los deseos u opiniones que sobre esta cuestión existen en la sociedad catalana a la hora de legislar en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos" pero incide en que esas diferencias de interpretación "han de manifestarse de modo conforme al orden constitucional de distribución de competencias (), de manera que no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura".

En definitiva, considera que la prohibición recurrida "menoscaba por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia concurrente del Estado (art. 149.2 CE), que responde también al mandato constitucional del art. 46 CE".

"El respeto y la protección de la diversidad cultural 'de los pueblos de España' que deriva del citado art. 46 CE, y que no es sino manifestación de la diversidad propia de nuestro Estado autonómico, parte precisamente de la imposibilidad de prohibir, en una parte del territorio español, una celebración, festejo, o en general, una manifestación de una arraigada tradición cultural -si su contenido no es ilícito o no atenta contra otros derechos fundamentales-", asegura el fallo.