Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La infanta Cristina se sentará en el banquillo el 11 de enero de 2016 por el caso Noos

La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero de 2016, la fecha de inicio del juicio del caso Nóos, en el que la Infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales.

La Sección Primera, mediante una diligencia de ordenación notificada este martes, ha señalado además para el próximo 23 de octubre, a las 10.00 horas, la celebración de una comparecencia en la que deberán estar presentes los fiscales anticorrupción así como los numerosos abogados personados en la causa a fin de fijar la totalidad de sesiones de la vista oral y su desarrollo. El juicio prevé alargarse durante varios meses.
La Audiencia ha habilitado para ello una sala en el Polígono Son Rossinyol de Palma ante el número de partes personadas y de medios de comunicación que prevén dar cobertura al juicio ante la magnitud de las investigaciones. El tribunal que enjuiciará la causa estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero.
Además de los propios procesados, serán interpelados centenares de testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
Los interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y Urdangarin-, el tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo su constitución y cuál fue el papel que ejerció la Cristina de Borbón al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para desviar fondos públicos y defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
TODOS LOS ACUSADOS
Además de la Infanta y Urdangarin, también serán juzgados, en relación con el papel del propio Instituto Nóos, el exsocio de aquél, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, se sentarán en el banquillo el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, serán juzgados el propio Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar. También se encuentra en la lista la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
CIEN AÑOS DE CÁRCEL
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para 14 los acusados del caso Nóos -entre quienes no se encuentra la Infanta-, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin y 16 y medio para Torres.
En cuanto a Cristina de Borbón, el fiscal Pedro Horrach no considera que existan indicios delictivos sobre ella, si bien la considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros al haber obtenido, a través de Aizoon, un aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin.
Por su parte, Manos Limpias es la única de las acusaciones que solicita, a nivel penal, la condena de la Duquesa, al reclamar para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El sindicato sostiene que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar a Hacienda.