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La defensa del capitán del Prestige duda de que España brinde un juicio justo

Hoy ha comenzado el juicio por la mayor catástrofe vivida en España. El 13 de noviembre de 2002 un buque mercante, el Prestige, sufrió una avería encallando a unas millas de la costa gallega. Al final el barco se rompió en dos a causa del temporal y se hundió. Las 77.000 toneladas de fuel que llevaba acabaron manchando 1.600 kilómetros de costa. Diez años después se sientan en el banquillo tres de los acusados –el cuarto está en paradero desconocido-: el capitán, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors González, único cargo político. Para ellos se piden entre 12 y cinco años de cárcel. El fiscal ha cifrado los daños en casi 4.000 millones de euros. La defensa del capitán duda que españa brinde un juicio justo. Hasta septiembre de 2013 no se espera la sentencia.

El abogado del capitán del Prestige ha pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostolos Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente un juicio "justo".
En su intervención, el letrado, que rechaza la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió "dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos constitucionales" y la suspensión por el hecho de que se pida la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio.
En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.
Además, ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa "posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la documentación recogida en el barco.
Por otro lado, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la sala la admisión de un informe pericial elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que eleva a 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe solo en el caso de España.
Inicialmente, la Fiscalía había evaluado los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.
No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", según ha precisado la Fiscalía.
Hasta noviembre no declararán los acusados, el capitán del 'Prestige', el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante, único acrgo político imputado. En diciembre comenzarán las declaraciones del más de centenar de testigos, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.
Alejamiento del barco
El 13 de noviembre de 2002, el 'Prestige' registró una vía de agua, en medio de un temporal cuando el petrolero se encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Fisterre. Seis días después, el 19 de noviembre, el buque, tras intentar alejarlo y acercarlo de la costa, se partió en dos.
A la 'marea negra' del petróleo, le siguió entonces una 'marea blanca' de voluntarios procedentes de todo el mundo para limpiar el petróleo. Ahora, se une la 'marea' de la numerosa documentación del juicio con un sumario de más de 260.000 folios.
En él, una de las cuestiones centrales será el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando el traslado del barco a una zona refugio.
El juicio tendrá un coste para las arcas de la Xunta de Galicia, que asume en solitario su organización, de 1,4 millones de euros.
Para su celebración, se ha dispuesto una sala de vistas que ocupará una superficie de más de 450 metros cuadrados, en los que se ha habilitado un estrado de 200 metros cuadrados. También hay más de 200 asientos para el público y 30 medios de comunicación acreditados.
A los medios materiales, se suman los humanos con un juicio en el que hay 55 acusaciones, asistidos por 70 letrados y que representan tanto a perjudicados, como es el caso de las 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria, como a organizaciones ecologistas y otras surgidas tras la catástrofe, caso de 'Nunca Máis'.
Junto a ellos, están los letrados de la Abogacía del Estado, de la Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña, del Estado francés o la Fiscalía, entre otras partes personadas en el juicio, además de las defensas.
Penas para los imputados
En un juicio con casi un centenar de peritos, lo que más expectación genera es si, finalmente, comparece en el juicio el capitán del buque, Apostolos Mangouras, cuya declaración no será como el resto de los acusados hasta el mes de noviembre.
En concreto, comenzarán a partir del día 13 con tres días de declaración para cada acusado, según las previsiones de la sala que enjuiciará el caso, dos hombres y una mujer.
Junto al capitán, Apostolos Mangouras, están acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto --en paradero desconocido y declarado en rebeldía-- por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.
También lo está el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños, para el que la acusación de 'Nunca Máis' solicita cinco años de prisión. Los demás acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los doce años de prisión, que reclama la Fiscalía para el capitán y los cuatro años de cárcel, que solicitan otras partes personadas.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, que figuraban como propietarias del barco, y el Estado español.