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Casi 8 de cada 10 jóvenes en riesgo de exclusión tienen "dificultades" para recurrir al Sistema de Garantía Juvenil

Ya son 608.000 jóvenes los españoles que se han escrito en el sistema, en la mayoría de casos personas desempleadas con educación hasta Secundaria
El 79% de los jóvenes en riesgo de exclusión social experimentan "dificultades" en el acceso a los recursos del Sistema de Garantía Juvenil de la UE, principalmente porque "no entienden qué les ofrece ni a qué se comprometen", según el estudio sobre 'El acceso de la juventud en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
Según el 77% de los centros de información juvenil consultados en el estudio, la dificultad para comprender el funcionamiento del Sistema de Garantía de Juvenil es el principal "escollo" a la hora de incorporar a jóvenes que podrían ser usuarios de sus servicios, lo que apunta, según los autores del estudio, a la necesidad de realizar "mayores y mejores esfuerzos de difusión" para facilitar el conocimiento y comprensión de este recurso.
Tras este, el segundo escollo es, a juicio del 67% de los centros, que dichos jóvenes en muchos casos "no disponen de DNI electrónico, certificado o Clave digital y/o no saben cómo obtenerlos o utilizarlos". Además, el 43,6% de los centros notifica "dificultades para cumplimentar el cuestionario de solicitud de registro"; y "reparos en responder a algunas de las preguntas relacionadas con la situación socioeconómica del hogar", en el 34% de los casos.
"En opinión de los centros, los jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social encuentran en las nuevas tecnologías su principal barrera, aún más importante que en el conjunto de jóvenes, para acceder a la Garantía Juvenil: el 91% de los centros señala la 'falta de conocimiento, acceso y uso de las TIC' como el principal obstáculo; el 76% la falta de disponibilidad de Internet en casa; el 65% la falta o no uso de dirección de correo electrónico; y, en mucha menor medida, sólo un 25%, la falta de teléfono móvil con acceso a Internet", explican los responsables del informe, que apuntan a una "brecha digital" que requiere de atención particular.
El Sistema de Garantía Juvenil es una iniciativa europea que busca garantizar que todas las personas menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. Sin embargo, en el caso de España (que cuenta con 608.000 jóvenes inscritos) del total de ofertas que se publican en la red el 30% corresponden a ofertas de empleo, mientras que en los demás países de la UE la media es del 70%, según el estudio.
El documento recurre a datos oficiales y recuerda que España es el sexto país de la UE con más "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan, especialmente en Canarias, Andalucía y Extremadura, y la tasa de desempleo entre jóvenes entre 15 y 19 años (según datos de finales de 2016) es la más alta de la UE-28, con un 54,7%. Además, prácticamente la mitad de jóvenes desempleados han alcanzado únicamente el nivel educativo de Secundaria.
UN 32% DE INSCRITOS A NIVEL NACIONAL
Por otra parte, el análisis del proceso de implementación del Sistema de Garantía Juvenil indica que el 31,9% de los jóvenes en situación "nini" a nivel nacional ya se han inscrito en el programa, según datos de febrero de este año, y son ya más de 600.000, aunque los autores del informe recuerdan que el registro español de Garantía Juvenil no da de baja en el registro a jóvenes, unavez que acceden a una oferta de empleo, educación o formación, a menos que requieran activamente su baja.
En la mayor parte de los casos (71%) se trata de jóvenes en situación de desempleo y hay más hombres (58,6%) que mujeres (41,4%). Además, un 29% está en situación de "inactividad", uno de cada cuatro jóvenes registrados ha alcanzado únicamente el nivel educativo de Primaria y el 36% ha alcanzado el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria (ESO) o post-obligatoria (Bachillerato yFP de grado medio), mientras un 23% tiene estudios universitarios.
En este sentido, los centros de información consultados en el estudio ponen de relieve la dificultad de atender aquellos casos con menor nivel formativo porque "no es posible ofrecerles formación adecuada, ni en contenido ni en forma", especialmente cuando han abandonado los estudios reglados y "es muy difícil" que vuelvan a un modelo similar.
De hecho, subrayan también la "escasez de oferta de Certificados de Profesionalidad de nivel 1, adecuados para personas con bajos niveles de formación" que dificulta igualmente la atención a este colectivo, aunque en términos generales creen que las actuaciones del sistema "se adecúan y adaptan todo lo posible a las necesidades de las personas jóvenes".
Entre las conclusiones del estudio, se destaca la existencia de "preocupantes diferencias de género" en forma de "segregación marcada" en procesos como la selección de cursos de formación y experiencias laborales o preguntas en las entrevistas laborales o para prácticas sobre si van a tener hijos. También se señalan las "mayores dificultades" para chicas con responsabilidades familiares tempranas y la necesidad de servicios de conciliación.
Además, se subraya la inexistencia de criterios que permitan identificar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión para prestarles una atención adecuada (lo que implica a su vez desconocer qué porcentaje de estos jóvenes hay entre los usuarios del sistema) y se insta a eliminar el criterio de proactividad en el acceso al sistema, en favor del "trabajo activo de calle" para incorporarlos.
Por otra parte, incide en la necesidad de incrementar las ofertas de empleo y de adaptar la formación a la situación de los usuarios más vulnerables, y se pone de relieve la buena recepción que han tenido los programas de formación y empleo. También, a nivel organizativo, pide mejorar la comunicación del Sistema de Garantías Juveniles, reducir la "burocracia" de sus trámites y reforzar la corresponsabilidad en el hogar y la formación de género desde las entidades, además de mejorar el sistema de inscripción, permitir itinerarios de más larga duración y realizar "esfuerzos activos por llegar a los jóvenes", entre otras propuestas.