Los examinadores de tráfico vuelven a la huelga con paros de lunes a miércoles a partir de septiembre

Esta nueva convocatoria de huelga parcial sustituye a la huelga indefinida que, en un principio, iba a producirse, igualmente, a partir del 4 de septiembre.

Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) decidió "realizar un cambio en la estrategia de huelga" el pasado 23 de agosto, un día después de la reunión que mantuvo el colectivo con la Dirección General de Tráfico (DGT), en la no se llegó a ningún acuerdo sobre la situación. Tampoco hubo puntos de encuentro en relación a establecer servicios mínimos.

La asociación que agrupa a esta colectivo afirmó que se desconvocaba la huelga indefinida para no hacer "sufrir" a la ciudadanía y que se sustituía por nuevos paros parciales en septiembre "para dar tiempo a que se produzcan nuevas reuniones" con la DGT, organismo del que esperan propuestas para solucionar el conflicto.

El colectivo inició sus paros de manera parcial en junio, que continuaron con la misma fórmula prevista para septiembre (los lunes, martes y miércoles) durante todo el mes de julio, provocando la suspensión de unas 80.000 pruebas prácticas, según datos de la DGT, que cifraron el seguimiento de la huelga en un 70% de media --con porcentajes que rozaban el 75% los primeros días y que descendieron al 62% en los últimos--.

Las reivindicaciones de los examinadores de tráfico

El motivo por el que se halla en huelga este colectivo es la petición de un incremento salarial --de algo más de 200 euros al mes-- que, según aseguran, la DGT se comprometió en 2015 a hacerlo efectivo.

El organismo, en cambio, defiende que no es de su competencia este incremento económico y afirman que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda, órgano competente en dicha materia.

Asimismo, los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios.

La huelga ha provocado pérdidas económicas en el sector de las autoescuelas. Según indicó a Europa Press el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, el sector contabiliza unas pérdidas que ascienden a aproximadamente 42 millones de euros y avisa de que pueden aumentar a otros 30-40 millones si la situación de huelga continúa en septiembre.

PETICIONES DE LAS AUTOESCUELAS

Ante tal situación, las autoescuelas han comenzado a valorar la posibilidad de reclamar a la Administración los daños y perjuicios que ha provocado a los centros de formación la huelga.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía, José Blas Valero, ha subrayado que la CNAE, que agrupa a las distintas uniones federales provinciales, tratará de buscar "fórmulas legales para ir en contra" de esta huelga.

La patronal se reunió este miércoles, 30 de agosto, para valorar la situación del sector a nivel nacional.

En esta reunión, también se propuso realizar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

De hecho, la Federación de Autoescuelas de Catalunya han amenazado este jueves con aplicar esta medida y han exigido "alternativas creativas de carácter urgente" a la Delegación del Gobierno en Cataluña que permitan eliminar el colapso del sector.

Para paliar la situación, la CNAE propone el establecimiento de un 77% de servicios mínimos, así como otras "alternativas", como es la transferencia de las competencias de Tráfico a las comunidades autónomas o la privatización del servicio de examinadores, según explicó a Europa Press su presidente.

Sin embargo, Blas Valero considera que el conflicto no se solucionará una vez haya acabado la huelga de los examinadores, ya que otro de los "problemas" es el déficit de trabajadores de este colectivo, situación de la que llevan advirtiendo, según comenta, desde 2009.

El director de la DGT, Gregorio Serrano, ya anunció el pasado 18 de julio en el Congreso que se convocarán nuevas plazas a lo largo de 2017 y 2018 para aumentar la plantilla de examinadores.

Se estima que para el 1 de diciembre del próximo año haya unos 870 trabajadores, un centenar más, aproximadamente, contando con las jubilaciones, ya que actualmente hay 774 personas ejerciendo este puesto.

Una de estas convocatorias será en enero y permitirá que una treintena de militares pueda acceder al puesto de examinador.