El fin de una urbanización ilegal a golpe de piqueta

A golpe de piqueta acaba la historia de esta urbanización ilegal en Cantabria, la del Alto del Cuco en Piélagos con sentencia firme de derribo desde 2011. La vicepresidenta de Cantabria explicaba esta mañana que la urbanización es un ejemplo de los desmanes urbanísticos de los gobiernos del PP que ha causado graves perjuicios a los afectados, cuando los hay. Aunque este no es el caso porque en esta urbanización nunca llegó a vivir nadie. Sí lo son otros muchos en Cantabria con más de 600 sentencias firmes de derribo por ejecutar.

En el caso de “El cuco” se han tardado 5 años. El principal problema ha sido el económico, casi 4 millones van a costar los derribos y aunque el dinero lo adelanta el Gobierno de Cantabria lo pagará a plazos el Ayuntamiento, por eso, esta mañana, la alcaldesa de Piélagos Verónica Samperio decía que el sentimiento hoy es agridulce porque se acaba con una ilegalidad urbanística pero el consistorio ha quedado hipotecado para los próximos 10 años a razón de 370.000 € al año.

Además, esta no es la única urbanización condenada en Piélagos, a un par de kilómetros encontramos otra que, a diferencia del CUCO, donde nunca vivió nadie, sí está habitada, familias que en algunos casos llevan 20 años viviendo en unas casas sobre las que pesa una sentencia firme de derribo a la espera de una solución que no llega. María Ángeles, una de las vecinas dice sentirse desamparada por la administración, angustiada por el tiempo y la incertidumbre e indignada porque las penas sobre los responsables de conceder las licencias que luego se declararon ilegales ya han prescrito pero lo que no prescribe es la condena a la que ellos están sometidos.

En Piélagos, además de las 214 que han empezado a tirarse hoy quedan otras 80 por derribar, muy cerca, en Miengo hay 110, otras 144 en Arnuero, 255 en Argoños y 32 en Escalante.

Las licencias y los planes para construirlas fueron concedidos a lo largo de todo este tiempo por gobiernos y ayuntamientos de todo signo que han sido condenados como responsables por los tribunales aunque los afectados sostienen que ellos, que dicen, compraron de buena fe y con todos los permisos en regla, son los que están cumpliendo la sentencia cuando son las víctimas.