Los delitos de odio por razón de discapacidad aumentaron un 13,6% en España entre 2014 y 2015

De los 1.328 casos de delitos de odio en España registrados en 2015, 505 fueron por razones de racismo/xenofobia, 308 por ideología, 226 de ellos por discapacidad y 169 por orientación o identidad sexual, entre otros.

Según señala el informe, en la mayoría de los casos las víctimas eran hombres pero en el caso particular de la discapacidad, más de la mitad de las agredidas fueron mujeres (128 casos).

En el caso de los delitos de odio, Cataluña, País Vasco y Madrid son las tres comunidades que registran un mayor número de casos con 201, 277 y 159 respectivamente. En total, se han detenido a 464 personas y se han esclarecido el 51,7 por ciento de los casos.

El informe se ha presentado este jueves durante la jornada 'Los delitos de odio sobre las personas con discapacidad', organizada por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad (FAMMA) a la que han acudido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto y la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, acompañados además del viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Enrique Ruiz y del presidente de FAMMA, Javier Font.

Durante el acto, Font ha abogado por "la urgente adopción de medidas para proteger jurídicamente a las personas con discapacidad ante un tipo de delito cada vez más frecuente", a la vez que ha pedido que "se adapte toda la normativa vigente a los preceptos que establece la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas discapacitadas".

"Se debe perseguir este tipo de delitos en mayor medida y poner más recursos para frenarlos y combatirlos de forma efectiva", ha reiterado Font, que también ha pedido "más trabajo en el ámbito educativo para erradicar estos delitos".

LA COMUNIDAD TRABAJA EN UNA LEY

Por su parte, el viceconsejero ha avanzado que el Gobierno regional "está trabajando en una ley que actuará en el ámbito administrativo y que convertirá a Madrid en la primera comunidad en legislar las acciones que incitan a cometer delitos de odio".

"Queremos avanzar en esta ley y tomar consideración y recoger incidentes relacionados con el racismo, el odio a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza entre otros, para que tengan consecuencias administrativas para los agresores", ha explicado Ruiz Escudero.

En esta línea, Dancausa ha resaltado que "las personas con discapacidad son uno de los colectivos más afectados por los delitos de odio y las asociaciones que trabajan con estas personas saben que estas agresiones son una realidad bastante cotidiana".

Asimismo, la delegada ha hecho mención al informe que publica anualmente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre delitos de odio en 41 países, destacando que en lo que respecta a los que se dirigen a las personas con discapacidad, "la institución reconoce que los datos disponibles son escasos", aún así "sabemos que hay una gran desproporción entre los casos conocidos y las agresiones reales".

Así, Dancausa ha hecho hincapié en los datos que refleja la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, los cuales muestran que entre el 80 y el 90 por ciento de estas agresiones nunca llegan a denunciarse. "Sea cual sea el motivo, el resultado es el mismo ya que para la mayoría de los agresores, sus acciones salen gratis", ha subrayado Dancausa.

Uno de los objetivos que ha resaltado ha sido "acabar con esa impunidad" y para ello, ha resaltado "la importancia que tiene qué las víctimas perciban que su denuncia sí tiene valor". "El trato con las víctimas sirve no solo para protegerlas a ellas, sino también para ayudar a otros, evitando así que estos incidentes vuelvan a repetirse", ha insistido Dancausa.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS DELITOS DE ODIO

La delegada del Gobierno ha recordado que en 2014, el Ministerio del Interior aprobó un Protocolo de actuación para los delitos de odio que contempla entre sus directrices una importante labor de formación de los agentes, que suelen ser los primeros en atender a las víctimas. "En esta tarea de reforzar la confianza en la Policía y la Guardia Civil resulta fundamental la colaboración que realizáis las organizaciones y asociaciones del sector", ha apostillado.

En este sentido, una de las instrucciones que recoge el protocolo es la creación de un interlocutor social, que actúe como punto de contacto permanente con esas asociaciones, para facilitarles asesoría técnica y apoyo policial especializado en materia de delitos de odio.

Por último, Dancausa ha resaltado que la Policía Nacional en la Comunidad ha sido pionera en contar con esta figura del interlocutor social, a partir de una iniciativa que se puso en marcha en la Comisaría de Getafe en septiembre de 2014, con una serie de contactos con grupos vulnerables y una campaña para incentivar las denuncias.

"Si todos nos involucramos, si tenemos una actitud activa y no permanecemos indiferentes ante estas agresiones, será mucho más fácil arrinconar a los intolerantes", ha declarado la delegada, insistiendo en que "aunque queda mucho por hacer, se está avanzando por el camino correcto".