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Tres consejeras del Tribunal de Cuentas piden revisar la gestión financiera del sistema de Dependencia

Tres consejeras del Tribunal de Cuentas han presentado dos votos particulares al Programa de Fiscalizaciones de 2017 porque no se ha incorporado la revisión del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este órgano hace más de tres años sobre la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El Pleno de este tribunal --formado por doce consejeros y el fiscal-- aprobó este documento el pasado 22 de diciembre.
María Dolores Genaro, Enriqueta Chicano y Maria Antonia Lozano, las propuestas por el PSOE, manifiestan su desacuerdo con el Pleno de este tribunal de no incluir finalmente en el mencionado programa --que sí estaba en el anteproyecto-- esta revisión de las sugerencias a los ministerio de Sanidad y Empleo y Seguridad Social para evitar duplicidades en el reconocimiento de prestaciones sociales públicas o su disfrute fraudulento.
En ese informe de 2013, se recomendaba también un mayor control interno del sistema de información de la dependencia del que el tribunal advirtió "anomalías"; el reintegro de más de 6 millones de euros destinado a comunidades autónomas que no justificaron la aplicación finalista de fondos públicos; mayor control de los servicios externos de empresas privadas contratadas para atender a los dependientes.
Las recomendaciones a comunidades autónomas estaban orientadas hacia el cumplimiento de los plazos en la resolución de las prestaciones para evitar perjuicios a los dependientes y reducir la lista de espera y una actualización periódica y permanente del sistema de información para que el Estado pudiera calcular y liquidar el nivel mínimo de protección garantizado por la AGE con las debidas garantías.
María Dolores Genaro en su voto particular, al que se adhiere Lozano, explica que el consejero Ángel Antonio Algarra defendió, durante el debate del Programa de 2017, la exclusión de este asunto, basándose en el informe de 2014 sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas en materia de dependencia. Sin embargo, esta consejera recuerda que precisamente ese documento advertía de que las recomendaciones del de 2013 no se habían solventado.
"Las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 21 de marzo de 2013 siguen vigentes, si bien se ha podido constatar que tanto por el IMSERSO como por las comunidades autónomas se han adoptado medidas para la regularización y corrección de las situaciones irregulares detectadas", señala el artículo 18º del informe de 2014.