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Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea piden una subcomisión en el Congreso para analizar el acceso a medicamentos

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una petición en el Congreso de los Diputados en la que solicita la creación, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de una subcomisión para el análisis del actual sistema de innovación y acceso a medicamentos.
Y es que, tal y como recuerdan en el escrito, en España al igual que en Europa y en el resto del mundo, el precio de los nuevos medicamentos crece de manera exponencial, "amenazando" la sostenibilidad de los sistemas de salud y "obstaculizando" el acceso de las personas a tratamientos y tecnologías sanitarias que resultan "muy costosos".
"Casos recientes vividos en España ha sido el de la hepatitis C y los expertos apuntan a que en futuro, a corto plazo, tendremos situaciones muy similares con los nuevos tratamientos oncológicos. También la OCDE en un informe reciente de abril de 2016 alerta de los precios de muchos medicamentos innovadores y su tendencia al alza, así como el modelo sobre el que se sustenta el modelo actual de innovación. Los precios de las innovaciones disruptivas de moderado/alto valor terapéutico llevan una tendencia de escalada de precios que puede poner en peligro la sostenibilidad no solo de los sistemas públicos de salud sino también de la financiación pública de políticas de otros ámbitos", recalcan.
El alto coste de los medicamentos se enmarca, a su juicio, en un modelo en el que "no existe transparencia" en los precios reales de transacción en la compra de medicamentos por parte del sistema público. Por otra parte, prosigue el grupo parlamentario, se desconoce la trazabilidad en el detalle de las inversiones públicas en Investigación y Desarrollo (I+D) que después se convierten en tecnologías sanitarias comercializadas.
ESTRUCTURA DE LA SUBCOMISIÓN
"El Estado debe introducir criterios de interés público en todas sus inversiones, garantizando su retorno en el precio, el acceso a los resultados e incluso a la propiedad misma de la innovación. El establecimiento de dichos criterios debe asegurar un retorno social y científico que a día de hoy no existe y que perpetúa un modelo insostenible, ineficaz y costoso que en ocasiones está más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual y el beneficio del monopolio de una patente, que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos", comentan.
Por todo ello, solicitan la creación de la subcomisión para analizar y evaluar los nuevos modelos de financiación de medicamentos y proponer directrices de futuro para mejorar el acceso del Sistema Nacional de Salud a los nuevos medicamentos coste-efectivos y con alto impacto presupuestario.
Asimismo, la subcomisión podrá sentar las bases de una estrategia amplia y ambiciosa de transparencia en la investigación y desarrollo (I+D) realizada con fondos públicos bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y priorización de los criterios de interés público en la I+D; y analizar la situación actual del modelo biomédico español, europeo y global de forma conjunta con diferentes agentes sociales, y plantear qué papel ha de tomar el estado español en el diseño de alternativas que favorezcan una investigación y desarrollo más vinculada a las necesidades de salud de la población.
"La subcomisión acordará cuantas comparecencias sean necesarias y solicitará la participación de expertos, representantes de comunidades autónomas, funcionarios, asociaciones medico-sanitarias, industria farmacéutica, sociedades científicas o sociedad civil", asevera el grupo parlamentario.
La subcomisión estaría integrada por dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con 40 o más miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios. Además, en los acuerdos que adopte se aplicará el criterio del voto ponderado y desarrollará sus trabajos y presentará el informe en el plazo de 9 meses. Finalmente, la Subcomisión elaborará el informe correspondiente y presentará sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.