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UGT pide a la Seguridad Social que conceda la pensión de orfandad a los hijos de las víctimas de violencia de género

El sindicato consigue el reconocimiento de una pensión de orfandad para los hijos de una mujer asesinada por su exmarido
UGT ha reclamado este miércoles al Instituto Nacional de la Seguridad Social un "cambio de criterio" para la concesión de pensiones de orfandad a los hijos menores de edad de las víctimas mortales de violencia de género, después de ganarle un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se ha reconocido esta prestación a los niños de una mujer asesinada por su marido, condenado a 21 años de cárcel.
UGT explica que el INSS, cuya actuación censura, había denegado la pensión de orfandad a los hijos de esta víctima de violencia de género alegando que no se cumplían los requisitos porque la defunción había sido por causas naturales. Afirma que sin embargo, el marido ya había sido condenado a 21 años de prisión por este asesinato, lo que convertía el argumento en "absurdo".
Para el sindicato, este caso "pone una vez más de manifiesto la situación de desprotección en la que quedan los hijos e hijas víctimas de la violencia machista" porque "en demasiadas ocasiones" son los tribunales los que tienen que corregir a las Administraciones que, como había hecho en este caso el INSS, niegan esa prestación a los menores que se han quedado a expensas de que algún familiar quiera hacerse cargo de ellos.
"No es la primera vez que los Tribunales resuelven una situación como ésta, ante la falta de sensibilidad de nuestras instituciones ante una cuestión que debería ser prioritaria para el Gobierno. De hecho, ya en 2014, un Tribunal reconocía la pensión de orfandad completa para una menor al haber asesinado su padre a su madre y haber sido condenado éste, considerando que la menor quedaba totalmente desprotegida y sin ningún tipo de recursos económicos", recuerda UGT.
El sindicato exige por ello un cambio de criterio en el INSS para la concesión de pensiones de orfandad a los menores víctimas de violencia de género, reclama la creación de un fondo estatal para la atención de estos niños y exige un Pacto de Estado "que proteja realmente a las mujeres víctimas y a sus hijos".