El Tribunal de Cuentas explica mañana el informe que denuncia desigualdad entre CC.AA en la atención a dependientes

La denuncia del Tribunal de Cuentas señala que la Ley de Dependencia establece en seis meses el plazo máximo para resolver una solicitud de ayuda, sin embargo, en nueve comunidades autónomas se saltan este mandato generando esperas de más de dos años que suponen, además de perjuicios a distintos niveles, como en la planificación del sistema, "un claro elemento de desigualdad" entre los ciudadanos en función del lugar en el que vivan.

Así lo detalla en el documento, que sitúa, además, el plazo medio nacional de resolución de esta solicitudes de ayuda en 210 días, es decir, más de siete meses esperando sólo a que la administración de turno se pronuncie.

El organismo fiscalizador ha analizado también los expedientes que tienen la prestación por dependencia reconocida y, en este caso, encuentra plazos de demora aún mayores. De media, las comunidades autónomas se pasan seis meses del tope estipulado, lo que obliga a los dependientes a esperar más o menos un año a que les llegue un papel. Sin embargo, cada región maneja sus tiempos y mientras algunas actúan casi sobre la marcha, en otras el proceso puede llevar tres años.

Es el caso de Canarias, que, según el Tribunal de Cuentas, tarda de media 981 días (2,7 años), más los seis meses preceptivos, en reconocer la prestación por dependencia. En la Comunidad Valenciana se pasan del plazo en 519 días (año y medio), en Castilla y León, en 200 (algo más de seis meses); y en Cantabria, tardan 180 días (casi seis meses) más de lo establecido.

El Tribunal de Cuentas, que obtiene estas cifras de analizar la tramitación de los 67.468 expedientes nuevos registrados en el primer cuatrimestre de 2013, dice que en el 74,54% de los casos no consta que a 25 de julio se hubiera producido el reconocimiento de la prestación. De estas solicitudes no reconocidas, la mitad habría así superado los seis meses de plazo que marca la ley.

IMPACTO EN LAS LISTAS DE ESPERA

Estas demoras, según apunta el informe, tienen un impacto directo en las listas de espera para recibir la ayuda, que, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, está menguando no porque se agilice el sistema, sino porque quienes están esperando fallecen.

El informe del Tribunal dice que el número de personas pendientes de resolución se redujo de 305.901 al cierre de 2011 a 190.503 en el primer cuatrimestre de 2013, pero el reparto es desigual en función del territorio. Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha superan la media nacional (20,7%) y concentran el 75 por ciento de los ciudadanos que están en espera.

En Canarias el 52,74% de las personas que tienen derecho a una prestación aún la están esperando. Andalucía se destaca en términos absolutos, con 53.981 personas en la lista, el 28,34% de todos los que esperan en el país. No obstante, suponen uno de cada cuatro andaluces con un derecho potencial a recibir asistencia.

"El incumplimiento de plazos en la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas desde la solicitud, hasta el reconocimiento y ejecución efectiva de la prestación, sigue constituyendo una de sus grandes debilidades, situación que perjudica no sólo a las personas beneficiarias sino también al IMSERSO", dice el Tribunal de Cuentas.

En este sentido, afirma que "las diferencias existentes entre comunidades autónomas a la hora de hacer efectivas las prestaciones a las que tienen derecho las personas reconocidas como dependientes implican un claro elemento de desigualdad entre dependientes por razón de comunidad autónoma de residencia".

No es la única "debilidad" por desigualdades de este tipo que hace notar el fiscalizador. El cálculo de la capacidad económica de las personas dependientes para determinar la cuantía de la ayuda y los criterios de 'copago' varían en función de cada gobierno regional y existe "una notable disparidad" en el gasto medio por dependiente en función del lugar en el que viva.