Archivada la causa contra 16 guardias civiles por los sucesos de El Tarajal, Ceuta

No encuentra delito en su actuación como tampoco prevaricación en la decisión de devolver sobre la marcha a Marruecos a los 23 que sí consiguieron alcanzar la playa ceutí aquella mañana y dicta sobre este asunto sobreseimiento libre. No obstante, cabe recurso y/o apelación y las ONG personadas ya han avanzado a Europa Press que lo interpondrán en el plazo previsto.

En el auto, de 32 páginas y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la juez Maria del Carmen Serván detecta "debilidad indiciaria" y concluye que "los elementos fácticos presentan un insubsanable déficit de potencialidad probatoria plenaria" y que "no existe margen razonable para un mayor esfuerzo instructor".

Con todo, dicta sobreseimiento provisional de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes es "provisional" porque "no se descarta" que Marruecos acabe respondiendo a la Comisión Rogatoria tramitada ya hasta en tres ocasiones para tener acceso a las autopsias practicadas a los diez cuerpos sin vida rescatados en su territorio.

Según detalla la jueza, los hechos "objetivos" acreditados son que hubo "un intento masivo de un número indeterminado de inmigrantes (entre 250 y 300) de acceder a territorio español"; que "pretendían acceder a las costas españolas en avalancha y a nado"; que 23 fueron expulsados "a través de las denominadas 'devoluciones en caliente" y que con posterioridad, los días 8, 12, 13 y 15 de febrero de 2014, aparecieron en España los cadáveres de cinco inmigrantes. "A día de hoy se desconoce si los fallecimientos se produjeron en aguas de Ceuta o de Marruecos", añade.

Uso "legitimado" de antidisturbios

"Los cadáveres aparecieron sin flotador y con diversas prendas de vestir y la causa de los fallecimientos fue asfixia por sumersión, sin que ninguno de ellos presentase lesiones determinantes del fallecimiento", completa el auto, que entiende que el debate jurídico es si las muertes "pueden ser imputadas a título de imprudencia a los agentes en cuanto que hicieron uso indebido de medios antidisturbios creando una situación de riesgo que contribuyó al ahogamiento".

Para la juez, los guardias civiles actuaron "en el ejercicio de su función de custodia y vigilancia de la frontera, que exige impedir la entrada ilegal de personas en territorio nacional salvo por los lugares legalmente habilitados al efecto" bajo el amparo de la posibilidad de "utilizar medios antidisturbios reglamentarios, siempre ajustados a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

"Las circunstancias concurrentes el 6 de febrero de 2014", concluye, "legitimaron el uso de material antidisturbios por los agentes de la Guardia Civil, quienes estaban obligados a emplearlo en el ejercicio de su función de protección de la frontera española".

No obstante, apunta que "una cosa es la legitimación y obligación" y otra "el uso concreto que cada agente hizo de dicho material" pero dice que en este caso, "no existe ningún indicio que permita afirmar que hicieron un uso inadecuado, máxime cuando no existe un protocolo que regule la utilización de dicho material en el medio acuático".

"La mera utilización de dicho material no puede ser calificada como imprudente", completa destacando que "no se puede olvidar el principio de responsabilida penal personal, que la imprudencia es graduable y que no toda imprudencia debe ser incardinada en el ámbito penal", establece Serván en el auto.

"Los agentes --prosigue-- utilizaron el material con efecto disuasorio, confiando en que lograrían su objetivo: detener el avance hacia las costas españolas de los inmigrantes, que no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda" sino que "asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil".

Pruebas "sin contexto"

En cuanto a las pruebas, Serván toma como "punto de partida" de todo el caso el informe elaborado por la oenegé 'Ca-minando fronteras', y dice que fue redactado con testimonios de testigos "no identificados" y sin el "contexto" en el que se realizaron las entrevistas.

"No se trata de que cada inmigrante entrevistado cuente libremente su historia, sino de contarla en el marco de la hipótesis que defiende la entrevistadora", apunta sobre un trabajo en el que, afirma, las conclusiones "no se encuentran corroboradas ni por los informes de los lesionados ni por los de autopsia de los cinco cadáveres hallados en España".

Así, niega cualquier "valor incriminatorio" a las investigaciones de esta ONG, que recorrió las morgues para identificar a los fallecidos, en una postura que hace extensiva "al informe pericial aportado por la Asociación Coordinadora de Barrios ratificado por Luis Felipe Callado".

Además, sitúa en un "lugar privilegiado pero con valor limitado [por la "escasa calidad" de las imágenes]" el material videográfico de la mañana de la tragedia aportado por la Guardia Civil. De su análisis "no se interfiere ningún indicio incriminatorio" porque del material "no se deduce ningún atisbo de un uso imprudente del material antidisturbio", asegura.

Finalmente, con respecto al presunto delito de prevaricación por las 'devoluciones en caliente', la juez opina que los guardias entregaron a 23 migrantes a las autoridades marroquíes "conforme a una práctica admitida e impuesta por el Ministerio del Interior, con cobertura legal en este momento".