Save the Children pide acabar con la pobreza y violencia infantil, educación de calidad y proteger a niños migrantes

Concretamente, advierte de que en 2016 se resgistraron un total de 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad y recuerda que, hace "poco más de una semana", una niña de dos años murió degollada a manos de su padre en Alzira (Valencia).

Para la organización, este último caso pone de relieve la "urgencia" de acabar con la violencia contra la infancia en España. Además, denuncia que en los dos últimos años más de 70 niños han quedado huérfanos como consecuencia directa de la violencia de género y al menos siete de ellos perdieron la vida en la misma agresión en la que la perdía su madre.

Del total de denuncias registradas en 2016 por actos violentos contra niños, 4.061 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por abusos sexuales. Save the Children asegura que las cifras pueden ser "mucho más elevadas", ya que, en su opinión, la mayoría de los casos "son silenciados y jamás llegan a ser conocidos por las autoridades".

Para erradicar la violencia contra la infancia, la ONG pide la creación de una ley integral que proteja a todos los niños de todas las formas de violencia, incluyendo medidas de prevención, detección, protección y reparación eficaces. Igualmente, señala que dicha ley debería contar con herramientas para su correcta evaluación y seguimiento, que "necesariamente" deberán apoyarse en un sistema de recopilación, análisis y difusión de datos sobre este tipo de violencia.

1.400.000 NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA SEVERA

Por otro lado, Save the Children lamenta que "casi 1.400.000 niños" se encuentran en situación de pobreza severa en España, uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea.

"La infancia en nuestro país sigue siendo la más afectada por la pobreza después de la crisis económica. Estos niños ven vulnerado su derecho a un nivel de vida adecuado; viviendo en hogares sin calefacción en invierno, sin poder consumir los nutrientes que necesitan para su desarrollo o sin poder estudiar con el material escolar necesario", apunta la organización.

Sin embargo, alerta de que la lucha contra la pobreza infantil "no se encuentra entre las principales prioridades del Gobierno". "El Ejecutivo planea reducir el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social para 2018 y en los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo destinó 25 millones de euros a tal fin, lejos de los 1.000 con los que se había comprometido en el pacto de investidura", denuncia Save the Children.

Para poder combatir de manera eficaz la pobreza infantil, la ONG exige al Gobierno que le dé prioridad a esta lucha en los próximos Presupuestos Generales y aumente la prestación social por hijo a cargo hasta los 100 euros al mes para las familias en situación de pobreza.

IDENTIFICAR Y PROTEGER A LOS MENORES MIGRANTES

Respecto a la protección de los niños migrantes y refugiados que se encuentran en España, demanda mecanismos "adecuados" para su identificación como menores de edad y medidas de protección específicas. "El Estado español no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente con sus obligaciones legales; está vulnerando algunos de sus derechos tanto por acción como por omisión. Se antepone su condición de migrantes a la de ser menores de edad, y existen contradicciones entre las leyes y prácticas dirigidas a controlar los flujos migratorios y las que tienen como fin proteger a los niños", critica la organización.

En este sentido, asegura que a los menores extranjeros no acompañados "no se les está protegiendo tal y como establece la legislación nacional e internacional". Así, denuncia que hay niños que no son tutelados, viven en la calle y sobreviven como pueden y que a los que sí son tutelados por las comunidades autónomas, se les facilita una educación "deficiente" y "no pueden trabajar en las mismas condiciones" que los niños españoles mayores de 16 años. Al cumplir los 18 años, según señala la ONG, se les "abandona a su suerte sin apoyos" y en muchas ocasiones "sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho".

Por otro lado, Save the Children señala que el sistema de asilo "no está adaptado" a las necesidades de las familias y niños refugiados, ya que, a su juicio, las "largas" esperas burocráticas impiden que padres y madres puedan trabajar, reagrupar a sus hijos, o viajar a otros países europeos en los que tienen familia o un proyecto de vida.

Para mejorar la situación de estos menores y que vean cumplidos sus derechos, Save the Children exige voluntad política y medidas concretas para proteger a los menores extranjeros no acompañados, crear un Plan Estratégico Nacional de acogida e integración para personas solicitantes de asilo con especial foco en las necesidades de los niños, garantizar la reagrupación de las familias que se encuentren separadas y el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados.

EL 43% ABANDONA PREMATURAMENTE SUS ESTUDIOS

Por último, Save the Children señala que el 43 por ciento de los niños más pobres abandona prematuramente sus estudios. "Las políticas de austeridad presupuestaria de los últimos años han tenido mucho más impacto en nuestro sistema educativo que en el de otros países y han afectado en particular a las familias en peor situación socioeconómica", apunta la ONG.

Concretamente, destaca que las familias con rentas más altas pueden dedicar más recursos a la educación de sus hijos, mientras que los niños de los hogares más pobres están más expuestos al abandono escolar.

"El gasto escolar medio previsto por hijo para este curso oscila entre los 840 euros si el centro educativo es público y los 1.856 euros si el centro es concertado", según la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Para lograr un sistema educativo de calidad y equitativo para todos los niños, Save the Children exige que se aumente el gasto público en educación, reformar la política de becas para asegurar que los niños de familias en situación de pobreza tengan cubiertos los costes de comedor, transporte, material escolar o extraescolar, y la creación de un plan de acceso a la educación infantil pública, aumentando las tasas de escolarización de cero a tres años.