Sanidad propondrá atender a los 'sin papeles', sin tarjeta y con un registro previo

Durante la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se celebra este miércoles, a la que no asistirán consejeros autonómicos sino cargos técnicos de sus departamentos, el Ministerio les desgranará los detalles del mecanismo ideado para "armonizar" la atención que se ofrece a este colectivo en España, como anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy .

No obstante, en la reunión no está previsto que se llegue a ningún acuerdo definitivo ya que, en caso de aceptar la propuesta las comunidades, la medida debe aprobarse en un pleno de este órgano de coordinación, todavía sin fecha, al que sí asistan los consejeros del ramo.

UN AÑO EMPADRONADOS Y NO TENER RECURSOS

El objetivo de Sanidad es que los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos en centros de salud siempre que lleven un año empadronados y se inscriban en un registro previo que gestionará Sanidad y al que, en principio, no tendrán acceso Interior o Empleo ya que tiene una finalidad sociosanitaria, han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En caso de cumplir este periodo mínimo de empadronamiento y haber justificado ante los servicios sociales que no disponen de recursos, estos inmigrantes podrán disponer de un documento para poder ser atendidos en Atención Primaria que "no será una tarjeta", como ha reiterado en numerosas ocasiones el ministro Alfonso Alonso, y tampoco les permitirá "exportar" ese derecho a otras comunidades o fuera de España, con el objetivo de "evitar el turismo sanitario".

Además, será el médico de familia quien decida si debe derivar a estos pacientes a algún especialista. Y en caso de necesitar algún medicamento, se les aplicaría el copago del 40 por ciento que tienen los usuarios de la sanidad pública que tienen una renta inferior a 18.000 euros anuales.

La propuesta se produce después de que, tras las elecciones autonómicas de mayo, varios gobiernos regionales, incluidos algunos gobernados por el PP como Madrid o Murcia, hayan anunciado que mejorarán la atención sanitaria de estos inmigrantes.

DESDE 2012, SIN DERECHO A TARJETA SANITARIA

Tras la reforma sanitaria que impulsó en 2012 la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, se limitó el derecho a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular, que desde entonces solo tienen acceso a Urgencias, la atención pediátrica, durante el embarazo, parto y postparto, o en caso de enfermedades infecciosas.

La medida contó con el rechazo de la mayoría de partidos políticos, colegios profesionales, sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales. Y comunidades como Andalucía, Asturias y País Vasco (entonces las únicas no gobernadas por el PP) idearon sistemas para seguir ofreciendo una atención sanitaria completa a este colectivo.

Sin embargo, en marzo de este año, apenas unos meses después de llegar al Ministerio, el nuevo titular de Sanidad Alfonso Alonso anunció que pretendía ampliar la atención de este colectivo para que también pudieran ser atendidos en los centros de salud y evitar que las urgencias fueran su "puerta de entrada" a la sanidad española.

Desde entonces, su departamento ha estado trabajando en el sistema que presentarán este miércoles a las comunidades, que incluso recibió el respaldo de los anteriores gobiernos autonómicos pero que no pudo llevarse al último pleno del Consejo Interterritorial celebrado en julio porque los nuevos consejeros estaban recién nombrados.

En esa reunión las comunidades (ahora con mayoría socialista) pidieron a Alonso que derogara la reforma de su antecesora y recuperara la sanidad universal. Y al no conseguirlo, algunas como Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares o Cantabria anunciaron diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria.

Una decisión que, como advirtió recientemente en el Congreso el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, podría conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

Además, el 'número dos' del departamento de Alonso también informó de que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invadían competencias estatales o vulneraban la Constitución ya que, en ese caso, "el Estado tendría que actuar", advirtió.