La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo por la "amenaza" que supone los proyectos gasísticos

En una nota, el colectivo ha señalado que, según el Defensor, el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto.

Maeztu expresó a los asistentes que, al menos en tanto se realiza un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor ha informado a los integrantes de la iniciativa ciudadana sobre el trabajo que esta institución está desarrollando para despejar las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre el espacio protegido y su entorno y mantener a la ciudadanía informada sobre su situación actual. En particular, informó sobre la actuación desarrollada para valorar la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario "de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales".

Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación.

Ha planteado que lo más grave para la organización ecologista es que "el efecto acumulativo de los cuatro por separado no es lo mismo que la suma de los cuatro efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto", añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas "importantísimas, y el estudio ni las nombra".

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la "dudosa utilidad pública" que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, "demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión".

El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según afirmó Romero, "todavía estamos esperando".