La Policía detiene a 57 personas y desarticula una red dedicada a la regularización de ciudadanos chinos

Los ciudadanos chinos nunca llegaban a trabajar como empleados del hogar y una vez obtenida la residencia regresaban a Barcelona, donde estaban afincados, para trabajar en el sector textil.

El líder de la red, también detenido, les conseguía la persona de contacto, española o extranjera con permiso de residencia, que les diera de alta en la Seguridad Social, pagándoles cantidades que oscilaban entre los 1.500 y los 2.000 euros. Los ciudadanos chinos abonaban a la organización cantidades cercanas a los 8.000 euros por sus servicios.

El cabecilla de la red obtenía la mayoría de los empleadores en su entorno laboral, pues gran parte de los detenidos por falsedad documental y pertenencia a grupo criminal son trabajadores del sector hostelero de la isla de Lanzarote.

La mujer del líder de la organización, igualmente de nacionalidad china, también daba de alta a supuestos empleados de hogar a cambio de dinero, en este sentido le fueron intervenidos 14.480 euros en el aeropuerto de Lanzarote cuando regresaba de obtener el cobro que los ciudadanos chinos le debían por sus "servicios".

Durante el registro en su domicilio los agentes se han incautado de material informático y documentación que confirmaba que toda la actividad de la red se centraba en su líder, que se encargaba de tramitar la documentación, buscar supuestos empleadores, así como de organizar los viajes para realizar los trámites dirigidos a la regularización de los ciudadanos chinos.

UNA FUNCIONARIA Y UNA GESTORÍA FACILITABAN LOS TRÁMITES.

La red tenía otros dos pilares importantes para su funcionamiento, siendo uno de ellos una funcionaria -empleada del padrón municipal- del ayuntamiento de una localidad lanzaroteña, que facilitaba la inscripción de estos ciudadanos irregulares, trámite necesario para su regularización.

Los agentes descubrieron a casi 30 personas empadronadas en el domicilio del cabecilla de la organización y otras cuatro en el de la propia funcionaria, que también habría dado de alta a supuestos empleados de hogar de nacionalidad china.

El otro pilar de esta red era la apariencia legal que se daba a las contrataciones desde una gestoría, que proporcionaba nóminas y contratos falsos para que el resto de implicados pudieran presentarlos en las instituciones públicas si se investigaban esas relaciones laborales. El responsable de esta gestoría también está entre los detenidos.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Las Palmas y de Barcelona.