Podemos defenderá la próxima semana en el Senado una reforma para acabar con las "devoluciones en caliente"

Con esta reforma la formación morada persigue eliminar las devoluciones sumarias recogidas en la disposición adicional décima de la ley, que estableció un régimen especial de Ceuta y Melilla, disponiendo que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades autónomas, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, "podrán ser rechazados" a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Podemos asegura que esta previsión legal "ha pretendido regular" una práctica que vienen desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "al menos desde 2005", que consiste en la entrega "directa" y "sin ningún procedimiento previo", por parte de miembros de la Guardia Civil a agentes de la guardia auxiliar de fronteras del Reino de Marruecos, de las personas interceptadas intentando acceder a Ceuta y Melilla por zonas que no son los puestos fronterizos habilitados al efecto.

"Esta práctica, como había sido señalado por instancias nacionales e internacionales, carecía entonces de cualquier cobertura legal y constituía una arbitraria vía de hecho y una vulneración de garantías y derechos fundamentales", asegura el Grupo Parlamentario en la Proposición de Ley.

El texto destaca que la regulación establecida en la Ley de Extranjería "se ha limitado" a establecer la posibilidad de desarrollar un "procedimiento de rechazo" en frontera en estos específicos supuestos de interceptación en las vallas de Ceuta y Melilla, pero imponiendo el respeto de la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.

Sin embargo, Podemos denuncia que, aunque han transcurrido dos años desde la entrada en vigor de esta norma, el Poder ejecutivo "no ha desarrollado" por vía reglamentaria este nuevo procedimiento y que "tampoco se conoce" que se hayan dictado instrucciones a los agentes de la autoridad competentes para el control fronterizo.

Por ello, critica que estas prácticas "contrarias" a las garantías y derechos fundamentales reconocidos en el derecho nacional y en el derecho regional e internacional de los Derechos Humanos, "siguen reiterándose" bajo la vigencia de una norma que, sin embargo, "expresamente impone" que este procedimiento de rechazo se realizará "respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional".

Además, también introduce una modificación al artículo 58 de la misma norma para explicitar que el procedimiento de devolución será el aplicable a los casos de los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades autónomas mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera.

De este modo, pretende garantizar que, "sin necesidad de ningún tipo de ulterior intervención normativa del Gobierno", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados del control de fronteras apliquen un procedimiento de devolución en que se reconozcan los "derechos mínimos" de las personas migrantes.

Recientmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a pagar 10.000 euros a dos inmigrantes a los que aplicó devoluciones sumarias en esta frontera. El Ejecutivo estudia si recurrir o acatar este fallo.

En este sentido, la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, comentó el pasado miércoles 18 de octubre en el Senado que estas actuaciones se producen como consecuencia de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y pidió a los grupos parlamentarios que solicitaran el fin de estas prácticas.

"Pidan la paralización inmediata de estas prácticas para limpiar la imagen de España", solicitó a los miembros de la comisión.