Padres de la concertada reclaman al Gobierno y CC.AA los "mismos derechos" que los de la pública

La Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas los "mismos derechos" que las familias de la enseñanza pública, no sólo que cubran el coste completo de las plazas en la concertada sino también las "mismas opciones" de comedores escolares y transporte gratuitos y el Bachillerato gratuito.

Con motivo del inicio del curso escolar 2016-2017, esta organización ha pedido en un comunicado que se apueste "verdaderamente" por la calidad y libertad educativas y que el dinero que la Administración destina a la enseñanza pública sea equiparable al de la concertada.

Sobre la implantación de la reforma educativa, recuerda que es "obligatoria por ley" y que a pesar de la "inestabilidad política" del momento, "no es oportuno" para la educación española "que se juegue con la idea de suprimir una ley educativa sin una alternativa más adecuada".

CONCAPA reitera su apuesta por un pacto educativo "urgente, necesario e imprescindible, al margen de posturas partidistas, que defienda verdaderamente los derechos de los padres y alumnos españoles".

Por su parte, Escuelas Católicas, subraya en otro comunicado que el curso arranca del mismo modo que acabó el anterior: "con una gran incertidumbre política y con sus posibles repercusiones en el ámbito educativo".

Ante esta situación, demanda a las fuerzas políticas "serenidad y cordura" para que los "avances" que, a su juicio, se han hecho en los últimos meses, de cara a lograr un 'Pacto Educativo', "no caigan en saco roto". No obstante, pide que la enseñanza concertada, que representa al 25% del alumnado, no sea "moneda de cambio como se insinúa desde algunos sectores".

Esta patronal advierte de que hay comunidades autónomas que no han aprobado las normas de desarrollo de ESO y Bachillerato conforme a la LOMCE, lo que, a su juicio, está generando dudas interpretativas en cuanto a las asignaturas a cursar, optatividad y criterios de evaluación.

Sobre las evaluaciones finales, recuerda que la de 6º de Primaria esta prueba está recurrida judicialmente y su aplicación ha sido desigual por las autonomías. En cuanto a las 'reválidas' de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, en vigor desde el 31 de julio, Escuelas Católicas advierte de que se dejó en manos de una posterior regulación de las comunidades autónomas y de las universidades cuestiones como lugar y fechas de celebración, evaluación o acceso a estudios superiores.

La patronal mayoritaria en la concertada expresa también su "preocupación" por que el acuerdo político entre PP y Ciudadanos se hable de suspender durante la aplicación de la LOMCE mientras se llega a un pacto, o que PSOE, Podemos, ERC o Coalición Canaria hayan presentado, indistintamente, iniciativas legislativas en el Parlamento para suspender el calendario de aplicación de la ley o su posterior derogación.