El PP asume que tendrá que consensuar una fórmula distinta a la 'reválida' para evaluar el sistema educativo

El PP admite que tendrá que consensuar con el resto de grupos políticos, en las negociaciones para el Pacto por la Educación, una fórmula para evaluar el sistema educativo, que puede ser distinta a las pruebas finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, conocidas como 'reválidas'.

Así lo ha indicado la portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, durante su intervención en un debate organizado por Save The Children, Secretariado Gitano, Fundación Tomillo y Plena Inclusión, en el que representantes de los grupos parlamentarios más representativos en la Cámara baja han expuesto sus propuestas sobre equidad educativa de cara al futuro pacto.

"Habrá que buscar una fórmula para evaluar el sistema en este debate sobre reválidas si o reválidas no", ha indicado la portavoz 'popular', que ha indicado que "existen disigualdades entre comunidades autónomas y entre centros que hay que solucionar". "¿Otra fórmula? Sí, pero homogénea", ha apostillado.

Moneo ha reconocido también que las 'reválidas', tal y como están planteadas ahora en la LOMCE, dirigidas sólo al alumno, no son suficientes para evaluar todo el sistema educativo y ha subrayado que "habrá que trabajar en otras actuaciones para evaluar a los centros y trabajar conjuntamente con el profesorado para analizar su situación".

Sobre esto último, ha indicado que el análisis del profesorado se podrá hacer a través del Estatuto Docente, pendiente desde hace varias legislaturas. "Hay que actuar contra las deficiencias del sistema y hay que tener en cuanta la evaluación sin olvidar las diferencias entre el alumnado y entre los centros por el nivel socioeconómico", ha apostillado.

Moneo no ha querido valorar si la suspensión de los efectos académicos de las 'reválidas' de ESO y Bachillerato va a ser temporal o definitivo. No obstante, ha indicado que al PP lo que le "preocupa" es el diagnóstico del sistema y la radiografía de ésta "más que los posibles efectos académicos". "Lo más importante es dar transparencia al sistema", ha apostillado.

Para la diputada 'popular', las evaluaciones es una cuestión que hay que tratar en el pacto educativo y ha indicado que en ese contexto "hay que tener un margen de negociación y de flexibilidad", en el que "todos tienen que hacer cesiones".

EL PACTO SE CONCRETARÁ EN UNA REFORMA

"Soy muy optimista en relación con el acuerdo que podemos alcanzar. Muchos dirán '¿cómo esta señora del PP habla de optimismo si son tantas cosas las que nos separan?' No son tantas. Hay algo que se llama voluntad política, aceptar lo que nos separa y entender a los ciudadanos que que nos han dicho que algunas cosas no las hemos hecho bien", ha afirmado, para añadir que el pacto "se concretará en una reforma legislativa"

Por parte del PSOE, José Moya ha indicado que para que las negociaciones del pacto sean frutíferas tienen que darse "tres condiciones": que no se ordene el sistema educativo sin tener en cuenta que la educación es universal; suprimir la relación "equidad-mediocridad"; y basar el diagnóstico del sistema en evidencias y de forma "sesgada". "Si no se tienen en cuenta estas tres cosas, va a ser muy difícil", ha avisado.

Desde Unidos Podemos, su portavoz de Infancia en el Congreso, Ione Belarra, ha indicado sobre el posible acuerdo que es una "prioridad" que se tenga en cuenta la opinión de la comunidad educativa y no se quede en un "pacto parlamentario". También ha dicho sobre la evaluación, que "la más importante" es la que hacen los centros educativos "internamente" y que la "reevaluación" del alumno, con las 'reválidas' de la LOMCE, "demuestra una desconfianza descomunal en el profesorado".

"El pacto es importante que se ponga en marcha de verdad para buscar soluciones. No es perogrullo. Hay puntos de encuentro y esto es importante", ha subrayado la portavoz de Educación y Asuntos Sociales de Ciudadanos en la Cámara baja, Marta Martín.

Asimismo, ha adelantado que Ciudadanos ha negociado con el PP algunas de las cuestiones económicas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que, a su juicio, redundarán en la "deseada equidad" para el sistema educativo, como una partida de 60 millones "para refuerzo de profesores y medidas adicionales a los centros con peores indicadores" y otra de "350 millones" para ayudas a la compra de libros de texto.