Organizaciones de Iglesia piden mecanismos que garanticen el respeto a los DDHH en las empresas españolas

Así lo indican en un comunicado publicado este lunes 25 de septiembre con motivo de la aprobación el pasado mes de julio del I Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas y coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las organizaciones que fueron las impulsoras de la iniciativa 'Enlázate por la Justicia', señalan que esta decisión gubernamental es "positiva" pero presenta algunas "deficiencias" pues "se ha reelaborado sin ninguna participación de la sociedad civil y sin conocimiento previo del mismo".

En concreto, denuncian que el Plan "no afronta con la debida rotundidad la especial protección que el derecho internacional en materia de Derechos Humanos da a los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades y pueblos indígenas".

Asimismo, creen que "carece de una concreción, sistematización y propuesta de desarrollo legislativo de uno de los principios fundamentales en el ámbito de las empresas y los Derechos Humanos como es el de la debida diligencia".

Además, critican que "traslada a espacios multilaterales lo que el Gobierno de España pueda hacer para impulsar este tipo de medidas". De este modo, según añaden, "no existe una apuesta clara de colaboración con otros países miembros para convertir a la Unión Europea en una referencia en cuanto a respeto de Derechos Humanos en la acción de las empresas".

También señalan que "los mecanismos de reparación que se prevén desarrollar no optan de manera determinante por obligaciones extraterritoriales y sí lo hacen por recursos extrajudiciales que privan de equilibrio entre las partes".

Por otro lado, critican que el plan "no cuenta con recursos presupuestarios" suficientes para ello y que su ejecución "queda condicionada a la disposición de presupuesto en cada ejercicio", unas restricciones que, a juicio de las organizaciones, "ponen en tela de juicio la viabilidad y puesta en práctica del plan propuesto".

En cualquier caso, recuerdan el carácter de voluntariedad de los Planes nacionales de Empresas y Derechos Humanos.

En este contexto, piden a España que anime a sus socios de la Unión Europea a "sacar adelante el Tratado de Transnacionales que se negocia en Ginebra" y "que aboga por la creación de normas vinculantes con mecanismos de prevención, sanción y reparación a víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales".

Finalmente, se ponen a disposición de las entidades gubernamentales para el seguimiento y evaluación del plan aprobado, así como para la elaboración del próximo.