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La ONU pide a España medidas cautelares de protección con 7 posibles menores extranjeros a los que trata como adultos

ONG piden por carta Saénz de Santamaría que acate las recomendaciones provisionales porque son de obligado cumplimiento
La ONU ha pedido a España que aplique medidas cautelares de protección con siete posibles menores extranjeros a los que estaría tratando como adultos, tras las denuncias presentadas por Fundación Raíces y Noves Vives al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Estas organizaciones, junto con Aministía Internacional, Consejo General de la Abogacía Española, Save the Children, la Plataforma de Infancia y el Servicio Jesuita a Migrantes, han enviado una carta al Gobierno, concretamente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitando que cumpla estas recomendaciones de manera inmediata. Además, han avanzado que se dirigirán a los grupos parlamentarios con la misma petición.
Se trata de los casos de siete posibles menores, de los cuales cuatro habían sido ingresados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a uno se le impidió solicitar asilo por carecer de tutor; y en otros dos casos el fiscal solicitó prueba de identificación de edad pese a tener documentación como menores, al negarse, fueron considerados adultos. En total, desde diciembre hasta este mes de junio, se han denunciado 11 casos similares, de los que la ONU ha pedido protección cautelar para los 7 mencionados.
España ratificó en 2013 el III Protocolo Facultativo de la Convención, lo que faculta al organismo de la ONU a analizar casos concretos de vulneración de derechos humanos en los países firmantes y a establecer recomendaciones de obligado cumplimiento para los mismos.
En tanto en cuanto se sustancian cada uno de los siete procedimientos, el Comité ha solicitado al Ejecutivo, a través de la Embajada de España ante el organismo en Ginebra, medidas cautelares de protección porque pasado un tiempo el daño operado puede ser irreparable, según explican a Europa Press fuentes de estas organizaciones.
"QUITARSE DE ENCIMA A LOS MENORES"
Por todo ello, Save the Children, Fundación Raíces y la Fundación de la Abogacía España han denunciado este incumplimiento por parte del Estado español. "El Gobierno intenta controlar el flujo migratorio y quitarse de encima a todos los menores extranjeros no acompañados", ha señalado la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.
Las organizaciones aseguran que la Fiscalía General del Estado está tratando "como si fuesen mayores de edad" a estos menores y, por tanto, "negándoles" la tutela de la Administración e "impidiéndoles" entrar en el sistema de protección de menores.
En este sentido, Reyzábal ha criticado que el Estado "está dejando en situación de desamparo" y "vulnerando" los derechos de estos menores al "convertirlos en adultos". "Sólo son adultos para no protegerlos, para el resto son menores de edad. Están dejándoles en la calle por no considerar válida su documentación", ha lamentado.
Asimismo, ha subrayado que "todos" ellos, aunque tenían "toda la documentación que acreditaba su minoría de edad", han tenido que "esperar en la calle hasta cumplir 18 años para tener algún derecho".
EL ESTADO "NO CREE" SU DOCUMENTACIÓN
"Se quedan en el limbo más absoluto. El Estado español no cree la documentación de los niños y niñas que están solos, la de los que van acompañados sí", ha apuntado Reyzábal, que también ha subrayado que, al ser tratados como adultos, "no está previsto que tengan asistencia letrada de oficio".
Para la presidenta de Fundación Raíces, la Oficina de Asilo y Refugio está actuando de manera "muy grave" al "incitar a los menores a que se declaren mayores de edad". "Los menores tienen que declararse mayores de edad para poder solicitar asilo", ha denunciado.
Los firmantes de la carta remitida al Gobierno consideran "totalmente inaceptable" este incumplimiento, ya que los mecanismos internacionales de Derechos Humanos y las medidas provisionales adoptadas son "fundamentales" para el Estado de Derecho, y "esenciales" para proteger a las víctimas y "evitar daños a sus derechos e intereses".
Durante su intervención, Ana Sastre, de Save the Children, ha destacado que "si no se cumplen las medidas de paralizar decisiones hasta que el Comité se pronuncie, no se cumplen las condiciones".
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
"España se comprometió a colaborar con el Comité y ese compromiso se tiene que demostrar. La protección de los Derechos Humanos se debilita enormemente si no se siguen las pautas del Comité", ha manifestado Sastre, al tiempo que ha pedido que se "respete el sistema y los derechos individuales de los niños".
Por su parte, la abogada Almudena Escorial ha apuntado que en estos siete casos existe una "vulneración fragante" de los derechos de los niños y una "violación de la presunción de minoría de edad". "Aunque exista la más mínima duda, se les tiene que tratar como niños", ha defendido.
Por último, Escorial ha afirmado que su intención ha sido "dar valor" al derecho internacional, pero que "no ha sido posible" porque no han obtenido respuesta.