Mossos dice al fiscal que precintar centros sanitarios puede lesionar derechos

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que cumplir su orden de precintar los 2.200 puntos de votación para el 1-O puede afectar la prestación de servicios públicos esenciales y a derechos fundamentales en el caso de Centros de Atención Primaria (CAP), residencias de ancianos o centros educativos.

En un escrito entregado este miércoles al fiscal, Trapero recoge que entre los puntos de votación hay centros educativos, CAP, hospitales, centros médicos, bibliotecas, juzgados, residencias de ancianos, pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros y centros infantiles.

Considera que el precinto de algunos de estos locales y con la antelación que requiere la Fiscalía, antes del 30 de septiembre, comportaría impedir el desarrollo de las actividades que se realizan en estos espacios, lo que puede tener "afectación sobre la prestación de servicios públicos esenciales y comportar afectación en los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Este miércoles la Consejería de Salud ha asegurado que ningún hospital será punto de votación; y ha estimado en 60 a 80 los centros de atención primaria (CAP), consultorios y sedes de Servicios Territoriales que sí se convertirán en sede electoral el domingo --tres o cuatro de ellos combinando atención sanitaria y votantes con accesos diferenciados--.

Mossos también traslada al fiscal que para aplicar su orden respecto a desalojar personas en los locales y requisar efectos, así como precintar locales suspendiendo actividades es necesaria una orden judicial.

PREOCUPACIÓN

El texto expresa la preocupación en el cuerpo de Mossos "respecto a la situación de tensión que se está generando" sobre el 1-O, y recuerda la necesidad de ser especialmente cuidadoso y exigente en la aplicación de las medidas acordadas que se ajusten a los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia.

Avisa de que como los actos del 1-O "indudablemente comportarán la presencia masiva de ciudadanos, incluidas familias en la calle y cerca de los locales de votación", existe un riesgo para su seguridad cualquier actuación policial que pueda comportar el uso de la fuerza.

Eso obliga, según Trapero, a que los Mossos apliquen las medidas bajo los principios de actuación policial, ya que "la responsabilidad de este cuerpo no solo se ciñe en ejercer las funciones de policía judicial, sino también en garantizar la seguridad ciudadana y el orden público".

"En ningún caso su actuación puede comportar un mal mayor del que pretende evitar", ha indicado Trapero, que en expresa también en su nota la voluntad de dar el mejor y más adecuado cumplimiento a las instrucciones de Fiscalía.

Sin embargo, le trasladan que la aplicación de la orden puede conllevar unas consecuencias no deseadas por nadie en relación a la seguridad ciudadana y al "más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se puedan derivar".

Asimismo, pide que el fiscal aclare el alcance de su petición de identificar a los responsables y participantes especialmente cuando la votación se pueda producir en la calle, "a efectos de evitar cualquier tipo de exceso en la actuación policial".