Montserrat propone reconocer la orfandad completa a hijos de víctimas de violencia de género con carácter retroactivo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha comprometido este miércoles a trabajar para conseguir que el reconocimiento de las pensiones completas de orfandad de las víctimas de violencia de género aprobado en 2015 tenga carácter retroactivo y afecte a menores de edad que perdieron a su madre en años anteriores, aunque no ha especificado cuáles.

Así lo ha avanzado en la Comisión de Igualdad del Congreso, en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Montserrat, que comparecía por primera vez para dar cuenta de las líneas generales que seguirá su departamento, ha incidido en su interés por avanzar en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, en el marco del mismo, aprobar la II Estrategia Nacional contra esta lacra.

Montserrat se ha referido al "problema de las pensiones de orfandad" de los hijos de las víctimas de violencia de género por la "situación de desprotección" en que caen los menores cuyas madres no habían cotizado lo suficiente o cuyos padres están vivos y en la cárcel o vivos y condenados pero sin sentencia firme por el homicidio. A todos ellos se les reconoció la orfandad completa en 2015, pero los casos anteriores no obtuvieron esa protección.

"Esta ministra tiene el compromiso de incluirlo para estudiarlo conjuntamente con Fátima Báñez, conocer exactamente el número de personas afectadas y buscarle solución", ha apuntado Montserrat, tras explicar que la competencia es del Ministerio de Empleo y el objetivo, que quienes aún son menores de edad y víctimas de esta violencia puedan cobrar el 100% de la base reguladora como pensión de orfandad.

No es la única medida en el marco de la Estrategia anunciada por Montserrat, que quiere aprovechar los trabajos de la Subcomisión del Congreso para la constitución de un Pacto de Estado por la Violencia de Género para incorporar medidas urgentes en torno a las que se vaya logrando consenso con los grupos parlamentarios.

En este sentido, se ha referido a las propuestas de la diputada socialista Ángeles Álvarez y ha señalado que está "de acuerdo" con ella en que hay que revisar "la eliminación del atenuante de confesión" por el que los asesinos machistas obtienen reducciones de condena, la modificación del artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a una mujer no declarar contra su marido aunque sea el acusado y ella la víctima y la necesidad de analizar a fondo los casos de feminicidio en los que existía denuncia previa por maltrato.

En la misma línea, ha dicho que coincide con la diputada del PSOE en la necesidad de estudiar "la protección de menores de 16 y 17 que siendo hijos de víctimas de violencia de género quieren decidir sobre su vida y su maternidad sin pedirle permiso a un posible padre violento", en relación a la legislación del aborto, que les impide hacerlo sin ese consentimiento previo.

La titular de Igualdad ha anunciado otras medidas que tendrán cabida en esa II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia, con vigencia 2017-2020, como "mejorar un nuevo sistema de brazaletes" de localización de maltratadores "con una mejor tecnología y una mayor eficacia en el servicio" y "simplificar los procesos de denuncia".

Asimismo, ha señalado que se aprobará el "primer plan de prevención y sensibilización", se reforzará "la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer en redes sociales y en entornos digitales", se propondrá "un premio nacional en lucha contra violencia de género para jóvenes y adolescentes", "mejorar la formación de profesionales" así como los sistemas de derivación y desviación entre recursos y modificar el programa de inserción sociolaboral para incluir a las víctimas de trata.

Precisamente, para las víctimas de estos delitos ha avanzado su intención de "recoger las recomendaciones" de la Comisión del Congreso que la legislatura pasada analizó el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación, con medidas como "facilitar los mecanismos existentes para que las víctimas de trata sean asistidas siempre y en todo el territoiro del Estado por entidades del tercer sector especializadas", sellando esta colaboración con convenios específicos.