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Méndez de Vigo cita el lunes a los sindicatos para el pacto, aunque algunos no negociarán si no retira las 'reválidas'

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha citado este lunes 26 de septiembre a los representantes de los sindicatos de enseñanza de la Mesa Sectorial de Educación --FE-CC.OO, FesP-UGT, CSIF, ANPE y STES-i-- para hablar sobre un futuro 'Pacto Nacional por la Educación'. Algunos trasladarán al ministro su negativa a empezar a trabajar si no retira el decreto de evaluaciones de la LOMCE.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FE-CC.OO, Francisco García, que será el primero en acudir al departamento de Educación el lunes, ha admitido que no entiende por qué ahora el ministro estando en funciones quiere abordar el pacto educativo. "No tiene ninguna legitimidad porque aunque sigue en el Gobierno, el partido al que pertenece ha sido derrotado en el Parlamento, tras ser rechazado Mariano Rajoy", ha subrayado.
García considera también que Méndez de Vigo adolece de "credibilidad" por aprobar con "'veranosidad' y alevosía" las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato el pasado 30 de julio, cuando, a su juicio, tenía que haber paralizado estas pruebas y abrir un proceso de diálogo. "Le voy a pedir que retire las 'reválidas' porque la LOMCE no es el terreno de juego para negociar un pacto", ha advertido.
REUNIÓN "EXTEMPORÁNEA"
La responsable del Sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, coincide con estas líneas rojas y considera que, aunque la reunión es "extemporánea", el ministro tiene la "oportunidad de oro para demostrar su talante si retira el decreto de 'reválidas'".
A su juicio, esto le permitiría "salir del jardín en que se ha metido" por aprobar los decretos que regulan las pruebas y no poder convocar ahora el Consejo Escolar del Estado, imprescindible para sacar adelante las órdenes ministeriales para aplicarlas este curso 2016-2017.
"Es el ministro de un Gobierno en funciones que se comporta como si ostentara la misma mayoría absoluta que lo eligió en 2011", ha subrayado Loranca, que cree que Méndez de Vigo tiene "margen de maniobra cero" y "muy poca credibilidad". "Con reválidas no hay diálogo posible", ha aseverado.
UNA LEY EDUCATIVA CONSENSUADA
Por su parte, el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, ha indicado que "siempre hay que hablar con un ministro, aunque esté en funciones" y ha indicado que aunque tenga capacidad legislativa "nula", se puede iniciar el diálogo en torno al pacto educativo, que es "imprescindible" para el sistema.
"El momento es de mucha dificultad, pero dentro de dos meses hay que dialogar si o si. Los sindicatos estamos acostumbrados, llevamos 30 años sin Estatuto Docente, a pesar de que lo hemos tratado con todos los ministros de Educación", ha afirmado Fernández.
A su juicio, antes de negociar cualquier propuesta, cree que es necesaria otra ley educativa, consensuada con la comunidad educativa, que sirva de eje "vertebrador" de todo el sistema, para evitar "17 subsistemas educativos", y en el que la calidad y la equidad "sean compatibles".
REVERTIR LOS RECORTES
Además del Estatuto Docente, Fernández le pedirá al ministro revisar el gasto público dedicado a la Educación, revertir los recortes, y que la evaluación final de ESO no tenga efectos académicos, es decir, que la superación de la misma no esté vinculada a la obtención del título. También le solicitará que resuelva ya la 'reválida' de Bachillerato y que ésta sea "lo más parecido posible" a la selectividad.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han indicado que acudirán al encuentro con el ministro para abordar el "grave estado" el sistema educativo y trasladarán su preocupación por el "estado de inseguridad" en la que se encuentran los docentes y alumnos por la falta de acuerdos, así como la necesidad "urgente" de modificar la LOMCE y acordar una ley estable y consensuada.
Además, CSIF pedirá un acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia de Rectores de Universidades y las Comunidades Autónomas sobre la prueba final de 2º de Bachillerato, "con el fin de evitar agravios comparativos entre comunidades autónomas y evitar así la incertidumbre que existe entre profesores, alumnos y sus familias", ha indicado en un comunicado