Marismas del Guadalquivir, Delta del Ebro, Monfragüe y la isla de la Conejera, en riesgo de conservación para aves

La organización ha contabilizado un total de 422 espacios en todo el mundo en situación de 'riesgo crítico'. Asimismo, ha destacado que la mayor parte de los puntos amenazados --unos 200-- son humedales, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

En España, según Birdlife, las dos IBA en peor situación son Monfragüe y la isla de Conejera, los cuales están en una situación de riesgo "muy alto".

El estado de la primera es para la delegación española de BirdLife, SEO/BirdLife, una consecuencia del impacto de la agricultura, del cambio climático, de la contaminación o de los efectos de las especies invasoras. No obstante, el técnico de SEO/BirdLife, Octavio Infante matiza que los trabajos de conservación en Monfragüe registran "una tendencia favorable a la recuperación".

Con respecto a la isla de Conejera, el coordinador del área de Conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, asegura que su deterioro podría ser "muy rápido" ya que el impacto del turismo o el urbanismo podría hacer efecto en "solo cuatro años".

Por otra parte, las otras dos IBA españolas presentan un riesgo más bajo. Según la organización ecologista, las principales amenazas para el Delta del Ebro serían la contaminación y la política en la gestión del agua, pero afirman que la evolución es "favorable".

En las marismas del Guadalquivir, pertenecientes a Doñana, los principales problemas para su conservación, BirdLife International los achaca a los usos "no respetuosos" en la agricultura.

España cuenta con 469 IBA que están distribuidas por todas las comunidades autónomas y suponen más de 18 millones de hectáreas del territorio. Andalucía, con 72, es la autonomía con más espacios; tras ella están Castilla y León con 68 y Canarias con 67.

Los IBA son entornos identificados por BirdLife mediante criterios científicos estandarizados y reconocidos internacionalmente. Se trata de un proceso de catalogación que, en Europa, tiene el reconocimiento del tribunal de Luxemburgo. Del mismo modo, la organización recalca que las administraciones públicas lo utilizan para cumplir con la legislación nacional e internacional.