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La Marea Blanca pide al Congreso blindar el derecho a la salud en la Constitución y derogar la 'prescripción enfermera'

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas ha presentado en el Congreso de los Diputados el 'Documento sobre la Sanidad Pública para la implantación en todo el Estado Español' con 38 propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, entre las que destacan la necesidad de derogar el articulo 135 de la Constitución y blindar el derecho fundamental de la salud, así como suprimir el Real Decreto que regula la 'prescripción enfermera' por el "grave problema" que ha creado.
"Es un documento muy importante con 38 medidas irrenunciables para que se rescate la sanidad pública. Es una lista de los pasos que hay que seguir del plan que es necesario e imprescindible para que los ciudadanos volvamos a controlar nuestra sanidad pública, que se está pagando con nuestros impuestos, y que está cada día más degradada y precarizada. Actualmente hay una serie de cuestiones que lo han hecho es dar a la sanidad el carácter del modelo de aseguramiento, frente al modelo de servicio público que teníamos en España. Lo están precarizando al máximo, destruir la universalidad y hacerlo realmente injusto", ha comentado una de las representantes de la Coordinadora, Carmen Esbri.
Por ello, en el documento se solicita revisar la Ley General de Sanidad de 1986, con la derogación del artículo 90 que "abre" la parte de concesiones a la sanidad privada; derogar la Ley 15/1997 para garantizar, sin obstáculos, la gestión pública y "transparente" de todos los servicios públicos; y suprimir el Real Decreto 16/2012 para que haya una financiación finalista del SNS a través de impuestos, mediante política fiscal justa, recuperando así la universalidad, eliminando repagos y garantizando la equidad y accesibilidad.
ELIMINAR DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA LAS MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS
Del mismo modo, la Marea Blanca pide vigilar y supervisar a la sanidad privada, "que deberá asumir el coste de sus prescripciones"; eliminar de la financiación pública las mutualidades de funcionarios, integrándolas al SNS con la "misma financiación y servicios" para el resto de la población; realizar una investigación "rigurosa" de todos los servicios sanitarios privatizados y revertirlos de manera "progresiva" a la gestión pública; y sancionar a quienes pretendan especular con la sanidad.
"No puede ser que cuando alguien va a pedir algo se le derive a una empresa privada, que al final siempre es la misma y está generando una especie de monopolio privado. Y, a su vez, los empresarios sanitarios que requieren de beneficios económicos están haciendo la competencia a la sanidad y la están dinamitando. Están ya muy introducidos porque han sido favorecidos por el modelo neoliberal y eso no lo podemos tolerar los españoles", ha apostillado Esbri antes de entregar el documento en el Congreso.
En el texto, la organización también insta a realizar auditorías ciudadanas de la deuda sanitaria; no hacer ningún rescate con fondos públicos de las posibles pérdidas que aleguen las empresas privadas concesionarias; derogar la reforma del Estatuto Marco que modifica la regulación laboral del personal estatutario para adaptarla a las unidades de gestión clínica (UGC); rechazar el modelo de UGC que pongan "en peligro" la pluralidad e independencia de los trabajadores; prohibir la desgravación fiscal de los seguros privados; eliminar el acuerdo del Gobierno con Farmaindustria; e impulsar la I+D+I desde el sector público y garantizar la formación continuada.
Además, solicita incorporar en la legislación española, y como derechos fundamentales, la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo, la reasignación de género, los cuidados paliativos y derecho a muerte digna y la privacidad, confidencialidad, titularidad y custodia de la historia clínica; promover leyes contra la violencia de género; dotar al Consejo Interterritorial del SNS de contenido y protagonismo; dotar de una estructura organizativa y una cartera de servicios comunes a todas las comunidades autónomas; adecuar el catálogo de prestaciones a las necesidades reales; y estimular el uso racional de los recursos sanitarios y medicamentos.
POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA E IMPULSAR LA LEY DE DEPENDENCIA
Otras propuestas pasan por asegurar el "obligado" mantenimiento de los centros sanitarios y servicios que garanticen la seguridad, higiene, salubridad y calidad del servicio; potenciar los servicios de Atención Primaria; adecuar la atención de las Urgencias extrahospitalarias y la sanidad rural; realizar un impulso "claro" a la ley de dependencia, potenciando los servicios sociales y la coordinación entre los agentes que intervienen en la prevención y tratamiento de las dependencias; y reforzar, así como impulsar, la salud mental desde un enfoque social y comunitario.
También exigen garantizar que las plantillas sean adecuadas a las necesidades poblacionales y equiparar las condiciones laborales en toda España. "Los puestos de trabajo son precarios, se trabaja a presión, en condiciones infrahumanas, provocando errores médicos. Los profesionales sanitarios salen de las guardias llorando porque son los auténticos héroes y heroínas de mantener un sistema que a base de infrafinanciarlo y recortarlo está convirtiéndose en la mejor invitación para ir a parar a la sanidad privada", ha apostillado uno de los representantes de la Marea Blanca de Cataluña, Toni Barbará.
El documento cuenta también con propuestas que van desde la estimulación de los consejos de salud y otras formas de participación ciudadana con carácter paritario, titular y vinculante; hasta la vigilancia, inspección y control transparente de las competencias municipales; pasando por la vigilancia extrema de adjudicaciones de obras y servicios con "total transparencia", control público y responsabilidad; y la potenciación de los servicios municipales de salud en cuanto a prevención y provisión de la salud cien por cien pública.
Finalmente, y respecto al ámbito europeo, la Marea Blanca pide al Congreso rechazar los tratados de libre comercio que supediten derechos ciudadanos a intereses de multinacionales; intervenir en las corrientes migratorias en la Unión Europea garantizando los derechos humanos; regularizar y tener un "máximo control" desde la participación pública de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica; y exigir un rendimiento de cuentas y sanciones pertinentes a aquellos gobiernos que amparen e incurran en casos de corrupción.
"Tenemos que parar esto porque el objetivo es descapitalizar la sanidad. Nos hemos puesto de acuerdo las mareas de toda España en todos los puntos que estamos presentando porque creemos que únicamente una sanidad cien por cien pública, gestionada y con participación ciudadana es la única que puede garantizar un acceso de calidad, universal y sin reparos", ha zanjado el representante de la Marea Blanca de Galicia, José Miguel Rodríguez.