Manteros piden ante el Congreso que "nadie vaya a la cárcel" por practicar la venta ambulante

En Concreto que solicitan regresar al año 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero despenalizó la venta ambulante de forma parcial. Esta situación cambió con la reforma del Código Penal realizada por el PP, por la que pueden ser castigados, a su juicio, de forma "desproporcionada", con una pena de hasta dos años de cárcel.

"Nosotros vendemos en la calle porque es la forma más honesta que hemos hallado de buscarnos la vida", señala el comunicado que han leído ante el edificio de la Cámara Baja. Este escrito también señala que "no tienen muchas más opciones" para ganar dinero ya que "el cruce entre la Ley de Extranjería, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ordenanzas Municipales, les atrapa en un laberinto de criminalizaciones" del que, según aseguran, es "muy difícil salir".

"En la calle nos quitan la mercancía, nos ponen multas o nos detienen por no tener papeles. Estas detenciones pueden terminar con un encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o con un juicio y condenas de hasta dos años de cárcel. Con estos antecedentes policiales y penales ya no es posible que nos concedan el permiso de residencia y, sin permiso, ya no puedes obtener un contrato", apuntan los manteros.

EL CONGRESO PIDIÓ LA DESPENALIZACIÓN

Repitiendo consignas como "ninguna persona es ilegal", "sobrevivir no es delito" o "basta ya de acoso policial", los manifestantes han estado apoyados en su protesta por los diputados de Unidos Podemos Txema Guijarro y Juantxo López de Uralde, con quienes han mantenido una reunión tras la protesta.

No es la primera vez que este colectivo se manifiesta por este motivo, de hecho la formación morada llevó al Congreso la petición de los manteros a través de una proposición no de ley que se debatió en la Comisión de Justicia y que fue apoyada por la mayoría, a pesar de los votos en contra de PP y Ciudadanos.

El texto propone que, cuándo las conductas sean de cuantía menor a 400 euros, "sólo podrán ser penadas con trabajos en beneficio de la comunidad, salvo que el penado no mostrare su conformidad, en cuyo caso se sustituirá por multa". Además, llama a que no genere antecedentes penales.

Del mismo modo, recomienda al Ejecutivo comenzar un proceso legislativo encaminado a la reforma de la Ley de Extranjería, entendiendo que la condición de irregularidad a la que se condena a muchas personas es la que aboca a éstas personas a la venta ambulante y a situaciones de vulnerabilidad que generan trata de seres humanos y explotación laboral.