Jueces para la Democracia pide el cierre de los CIE por no encajar en la estructura democrática del Estado de Derecho

Para la asociación de jueces, los CIES "no tienen regularizada su situación" en España y, aunque "no deberían" tener carácter penitenciario conforme a la LOEX, son "auténticas cárceles" y la mayor parte de ellos están instalados en antiguos centros penitenciarios.

Además, advierten de que la custodia de los internos está encomendada a las fuerzas policiales, "carentes de formación", cuando "debería tratarse de personal especializado".

Estos jueces, recuerdan que el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Defensora del Pueblo denuncia carencias en materia social, sanitaria, jurídica y de seguridad en estos centros.

Por ello, consideran que su estructura es "incompatible" con las garantías jurídicas de los internos, que tienen restricciones al derecho de acceso y visitas de ONG. Asimismo, lamentan que no existe "ningún tipo de transparencia" ni obligación de publicar información sobre su funcionamiento y condiciones.

Jueces para la Democracia también denuncia que en los CIE "no se protege" a las mujeres víctimas de trata de seres humanos, que permanecen ingresadas hasta su expulsión "poniendo en peligro su vida".

Las situaciones de trata y violencia sexual, según la asociación, con carácter general "no son denunciadas ni comunicadas" por parte de las internas. En el caso de que la víctima denuncie, tal y como aseguran, "no es tomada en consideración" y entienden que "es una invención para evitar la expulsión".

Jueces para la Democracia propone como medidas alternativas desarrollar un programa de retorno voluntario de migrantes irregulares con órdenes de expulsión que incluyan la orientación, información fiable y puntual, plazos razonables de salida y ayuda; reconocer sistemas de garantía para asegurar la presencia del migrante irregular, a través de mecanismos públicos de garantía, mediante pisos tutelados, asumiendo su presentación al ser reclamado; adoptar medidas cautelares no privativas de libertad; o la concesión de permisos de residencia provisional a los migrantes inexpulsables.