El Gobierno asegura que no le constan cláusulas 'antiembarazo' en contratos a deportistas profesionales

Así lo indica la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en una respuesta parlamentaria a la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, que preguntó por escrito al Ejecutivo sobre este asunto, a raíz de los testimonios en medios de comunicación de exjugadoras profesionales de balonmano y baloncesto que denunciaban la imposición por parte de los clubes de estas condiciones en los contratos.

"La valoración del Gobierno es de absoluto rechazo de toda relación contractual en la que se vulneren los derechos laborales de los trabajadores, sean estos mujeres u hombres, contraviniendo la normativa vigente", contesta el Ejecutivo en su escrito, en el que señala también que en el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Educación "adoptará cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de la normativa en vigor".

Para la senadora nacionalista canaria, la respuesta dada por el Gobierno "choca frontalmente" con el testimonio de algunas de las personas que habrían conocido estos casos y que, según indica, "afirmaron haber alertado" al Consejo Superior de Deportes (CSD) de la existencia de este tipo de irregularidades.

Asimismo, señala que el personal del propio CSD "también habría conocido directamente este tipo de casos", con lo que, a su juicio, "la respuesta del Gobierno entraría en contradicción abierta".

La senadora de Nueva Canarias, asegura de que la antigua directora general del CSD Ana Muñoz habría contactado con jugadoras de baloncesto afectadas "con la voluntad de iniciar las acciones pertinentes", pero que éstas no quisieron entregarle los contratos "por miedo a las represalias de sus clubes".

Ante la respuesta del Ejecutivo la senadora de NC ha registrado este jueves 2 de marzo una nueva batería de preguntas al respecto, en las que cuestiona al Gobierno 'popular' acerca de "cómo es posible que afirme no tener constancia de la existencia de 'cláusulas antiembarazo' en el deporte profesional femenino, cuando la que fuera su directora reconoce haber contactado con mujeres afectadas por esta práctica".

También ha preguntado al Gobierno por qué no actuó de oficio el CSD "ante el conocimiento de que se estaban produciendo estas irregularidades" en la contratación de las deportistas y si ha abierto alguna investigación sobre este asunto.