La Fiscalía General del Estado alerta de un "progresivo crecimiento" de los casos de islamofobia

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha observado un "progresivo crecimiento de los hechos denunciados y cometidos por intolerancia religiosa, siendo la mayoría casos de islamofobia" en España, tras examinar las Memorias de las Fiscalías territoriales enviadas a la institución.

Así lo pone de manifiesto en la Memoria de la actividad desplegada por el Ministerio Fiscal a lo largo del año 2015, presentada este martes 6 de septiembre por la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, con motivo de la apertura del Año Judicial.

En este sentido, el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, ha explicado a Europa Press que cuando se producen atentados terroristas, como los sucedidos en Niza o Bruselas, "se nota que hay una reacción o algunos fenómenos" de islamofobia en España. No obstante, ha asegurado que "cuando se disipa el tiempo", los casos "disminuyen".

Por otro lado, la institución, que dirige Madrigal, apunta asimismo que las principales causas de la comisión de delitos de odio son el racismo y xenofobia, los motivos ideológicos o de orientación política, y los motivos de identidad sexual.

En relación con el racismo y la xenofobia, la FGE indica que los ataques más frecuentes se perpetran contra la población gitana y de origen musulmán --lo cual, según apunta la Fiscalía, se mezcla con la motivación religiosa--, pero también contra personas cuyo aspecto pueda identificar como extranjera.

No obstante, reconoce que "desgraciadamente" el sistema informático y estadístico del que dispone en la actualidad no le permite llevar un control sobre los motivos por los que se produce la discriminación en los casos de crímenes o delitos de odio.

"Todos los Delegados provinciales hacen referencia a la imposibilidad de ofrecer datos estadísticos fiables dada la inexistencia de soportes informáticos que los recojan adecuadamente. En casi todos los casos son anotaciones que hacen los propios Delegados", señala la Fiscalía General del Estado.

De este modo, la Fiscalía ha seguido un total de 228 procedimientos judiciales, de los cuales 43 fueron contra integridad moral; provocación odio, violencia, discriminación (38); difusión información injuriosa (23); amenazas a grupos determinados (8), entre otras. Además, ha abierto 84 diligencias de investigación, ha formulado 52 escritos de acusación, y se han dictado 60 sentencias relacionadas con delitos de odio.

AHONDAR EN LA SENSIBILIZACIÓN

Por otro lado, la FGE recuerda en su memoria de actividad que los Fiscales Delegados provinciales, así como algunos Fiscales de Enlace en las Fiscalías de Área se reunieron en marzo de 2015 para celebrar la II Jornadas de especialistas, donde entre otras cosas, concluyeron la necesidad de ahondar en la sensibilización acerca de los crímenes de odio y de mejorar la formación de los Fiscales en relación con esta materia.

En este sentido, también se consideró oportuno generar un repositorio en el que se recopilen los escritos de acusación, sentencias e informes de especial interés relativos a los tipos penales susceptibles de considerarse como crímenes de odio.

Además, abogaron por procurar una actuación proactiva del Ministerio Fiscal en la detección e identificación de aquellos comportamientos ilícitos que se encuentren motivados por el odio, la discriminación o la intolerancia para garantizar una intervención lo más inmediata posible y un adecuado control y seguimiento de las investigaciones y de los procedimientos judiciales derivados de ello.

Según la Fiscalía General del Estado, es de resaltar la necesidad de una investigación de los hechos y su motivación desde el primer momento, recogiendo aquellas pruebas que sirvan para acreditar los motivos racistas, xenófobos o constitutivos de cualquier otro tipo de discriminación.

En relación con el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, aprobado en diciembre de 2014, Madrigal defiende en la memoria que este protocolo "constituye un instrumento de extraordinaria importancia" a la hora de afrontar estas conductas, dada la necesidad de una detección "temprana" de los delitos de odio y por ser el policía quien primero entra en contacto con el hecho ilícito.

"Sin duda alguna la adecuada formación de los agentes que intervienen en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio, desde el agente de policía que patrulla en la calle hasta el Juez que dictará sentencia en la más alta instancia judicial, es una necesidad insoslayable para enfrentarnos adecuadamente a esta forma de delincuencia. De ahí la necesidad de cursos de formación o jornadas de encuentro, puesta en común de estudios, actividades de sensibilización, etc.", concluye.