España, segundo país europeo en pobreza infantil porque no invierte en proteger a la infancia, según Save The Children

España es el segundo país de la UE con más niños viviendo bajo el umbral de la pobreza porque "las ayudas sociales, de acceso restringido y condicionadas a que los padres trabajen, son claramente insuficientes para reducirla" y el porcentaje del PIB que se dedica a proteger a la infancia, un 1,3%, está un punto por debajo de la media comunitaria.

Lo afirma Save The Children en un comunicado en el que expone que el porcentaje de niños en riesgo de pobreza antes de recibir las ayudas sociales es de 37,5% y después de las ayudas se queda en un 29,6%. Es decir, las ayudas reducen la pobreza en 7,9 puntos porcentuales.

"Si nos comparamos con Irlanda, un país que ha sufrido una crisis económica similar a la nuestra, sus ayudas sociales han sido capaces de reducir la pobreza infantil en 27,3 puntos, pasando de un 44,3% de niños en riesgo de pobreza a un 17% después de las prestaciones", dice la organización.

En la actualidad, más de 25 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la Unión Europea según Eurostat, por lo que conformarían juntos el séptimo país más poblado del territorio. En España estos niños suman más de 2.460.000, es decir, el 29,6 por ciento de toda la población infantil del país, sólo por detrás de Rumanía y lejos de la media europea del 21,1%, con las mismas estadísticas.

Si además de los ingresos del hogar se tiene en cuenta si los padres trabajan o no y la capacidad para hacer frente a los gastos de alimentación, calefacción, ropa u ocio de los niños, España se sitúa en el quinto puesto del llamado índice AROPE, que mide la pobreza y también la exclusión social, con un 34,4% de los niños en esta situación, de acuerdo a los datos de Save The Children.

DESIGUALDAD, CAUSA Y CONSECUENCIA DE LA POBREZA

La organización denuncia que sin embargo, "España tan solo invierte el 1,3% del PIB en protección social a la infancia, lejos de la media europea del 2,3%, una cifra inaceptable". "Para acabar con la pobreza infantil hay que tener voluntad política e inversión. Estas decisiones están al alcance de todos los Estados, tanto los ricos como los más pobres. Todos los países tienen el deber de cubrir las necesidades de los niños y asegurarles un nivel de vida digno, con igualdad de oportunidades para todos", afirma el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Precisamente, España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad en los años de la crisis, de acuerdo a la OCDE. "Dormimos cuatro personas en la misma habitación: mi madre, mi padre, mi hermana y yo, porque tenemos una casa muy pequeña. Cuando llego a casa en invierno hace frío y en verano hace demasiado calor", explica una niña española entrevistada por Save the Children.

LA EDUCACIÓN Y LA POBREZA

Esta situación tiene un impacto directo en la educación. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008 la reducción del gasto público en educación en España ha sido del 12%, según la ONG, y "los hijos de las familias más desfavorecidas tienen más posibilidades de fracasar en la escuela o abandonar los estudios prematuramente", así como los niños de familias con una peor situación socioeconómica tienen "un tercio más de posibilidades de obtener malos resultados en matemáticas y lectura".

"Mis hijos empezaron el colegio sin todos los libros y materiales que necesitaban hasta que los conseguí de segunda mano. Los niños me transmiten que se sienten inferiores al resto por usar materiales usados, viejos o pintados. He llegado a retrasar visitas de mis hijos al dentista, que necesitaban con urgencia, porque prefiero que tengan un libro en el pupitre y puedan estudiar en las mismas condiciones que sus amigos", cuenta una madre que atiende Save the Children en Madrid.

Para acabar con la pobreza infantil en Europa, Save the Children pide a los Estados miembro que implementen planes nacionales con la inversión necesaria y a la Unión Europa y la Comisión que establezcan una Garantía Infantil, como instrumento para aumentar la capacidad financiera y mejorar el impacto del gasto europeo en infancia.

En España, reclama que en este momento de elaboración de presupuestos para 2017, aumente la inversión en políticas de protección social de la infancia y educación hasta alcanzar los niveles europeos y amplíe hasta los 100 euros mensuales la prestación por hijo a cargo, con una bonificación adicional de un 50% para familias monoparentales.