El TSJC dice que la sentencia sobre inmersión "podría" afectar a todas las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puntualizado que su interlocutoria sobre el catalán en la escuela sólo insta a la Generalitat a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, aunque admite que éstas no especificaban si únicamente afectan a las familias demandantes, por lo que "podría significar" que deben aplicarse a todo el sistema educativo catalán.

Sin embargo, el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, había considerado este domingo que la sentencia sólo da respuesta a la demanda de las familias demandantes, pero que no cuestiona el modelo de inmersión lingüística de Cataluña.

"Esta resolución --dijo-- es la ejecución de una sentencia que responde a una demanda de unas personas concretas, e interpretar que puede tener un carácter general realmente me parece una interpretación excesiva".

El TSJC ha matizado este lunes en un comunicado que las resoluciones del TS, a pesar de que admitían los recursos de los demandantes, "no especificaban en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada a éstos y, por tanto, ello podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña".

Constata que la ejecución de dichas sentencias corresponde a la Sala del Contencioso Administrativo de Cataluña, pero resalta que la interlocutoria del TSJC del 28 de julio sólo insta a la Generalitat a que adopte las medidas oportunas para cumplir las sentencias "en los términos resueltos por el Tribunal Supremo".

Una decisión no política

"En ningún momento el TSJC señala cuáles deben ser estas medidas concretas", ha recalcado el tribunal, que ha hecho hincapié en que las medidas deben ser aplicadas por la Consejería de Enseñanza según los criterios pedagógicos, organizativos y económicos para dar cumplimiento a lo juzgado en firme por el TS.

Asimismo, el TSJC ha recordado que su interlocutoria es susceptible de recurso, y ha admitido que es consciente de la "especial delicadeza del tema en discusión por las familias, la comunidad educativa, las instituciones y los ciudadanos en general", pero ha recordado que su ámbito de actuación y de decisión es exclusivamente jurídico y no político.