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Empleados públicos con hijos discapacitados de cualquier edad tendrán jornada intensiva desde mañana al 30 de septiembre

Empleados públicos con hijos en situación de discapacidad, independientemente de su edad, tendrán jornada intensiva desde mañana y hasta el 30 de septiembre, según se desprende de la solución de 12 de junio de 2017 de la Secretaria de Estado de Función Pública (que se modifica la de 28 de diciembre de 2012), por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos.
La resolución, publicada este miércoles 14 de junio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado consensuó el pasado 30 de mayo una propuesta de modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, con el fin de prolongar, por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, el periodo de jornada intensiva o de verano para quienes tienen a su cargo a una persona con discapacidad.
Hasta ahora, la normativa vigente concedía este derecho de acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, a los empleados públicos de la Administración del Estado con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, con el fin de adecuar su jornada laboral a las jornadas de verano frecuentes en muchos centros docentes. Lo acordado supone ampliar esta posibilidad a quienes tengan a su cargo a una persona con discapacidad.
Como añade por su parte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la norma es fruto del acuerdo impulsado por el sindicato en la Mesa de la Administración General del Estado, en la que están representada la Administración del Estado y las organizaciones sindicales más significativas del país.
CSIF lamenta que esta norma nace con retraso por cuestiones burocráticas, ya que debería de haber estado vigente desde el pasado 1 de junio. Asimismo, indica que hizo esta propuesta el año pasado y fue rechazada, aunque finalmente ha sido aprobada.
El sindicato valora "de manera positiva esta ampliación de derechos" pues como argumenta, "no era razonable que se excluyera del disfrute de este derecho a empleados públicos a cuyo cargo están personas que, aunque sean mayores de 12 años, tengan una discapacidad, dejándolos a su suerte, sin su apoyo familiar".