Detenidos tres empresarios de Aragón por fraude en subvenciones públicas de 2,6 millones para fabricar coches eléctricos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, empresarios de profesión, por un delito de fraude en subvenciones públicas de 2,6 millones de euros. Además, se ha tomado declaración como investigados a otros cuatro más y se han abierto diligencias previas en un juzgado de Zaragoza y en dos de Alcañiz.

El montante total de lo defraudado asciende a 2.676.695 euros a lo largo de los años 2010 y 2011. Esa cantidad, que debería haberse destinado a la reindustrialización de la provincia de Teruel, fue desviada a cubrir gastos improductivos o particulares. De dicha cantidad, 1.800.000 euros se tenían que haber dedicado a la instalación de una fábrica de coches eléctricos en Motorland, en Alcañiz (Teruel).

Las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Alcañiz, a finales del año pasado, en base a una primera denuncia de la Seguridad Social contra una empresa dedicada al desarrollo y producción de coches eléctricos. Esta sociedad percibió fondos, mediante préstamo o subvención de diversas administraciones, entre ellas, Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, todas con el mismo fin, la puesta en marcha de iniciativas para la reindustrialización de la provincia de Teruel.

En Alcañiz, la citada sociedad iba a instalar una fábrica de vehículos eléctricos, para lo que llegó a percibir casi 1.800.000 de euros de dinero público. Construyó una nave en el polígono de Motorland, donde no se ha llegado a producir nada.

Con ese dinero, uno de los tres empresarios ahora detenidos aumentó de manera fraudulenta el capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros. Asimismo aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos.

Según los representantes de las empresas proveedoras y emisoras de las facturas de mayor importe, la operativa que venía siguiendo el empresario era pedir una factura con un pedido voluminoso, con el fin de mostrar expectativas de negocio, y realizar un abono que se retrocedía por otra vía con diferentes excusas, haciendo unos primeros pagos al servirse una parte de material lo que daba una falsa sensación de solvencia.

Se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto, aportando la factura completa a la administración como justificante de gasto.

FACTURAS

Con esta operativa se obtenían tanto las facturas como los justificantes bancarios de pago, que se presentaban como justificación de gasto a las diferentes administraciones de las que percibía las ayudas públicas, a las que se ocultaban en realidad los movimientos bancarios de retrocesión de los pagos realizados, que se llevaban a cabo a través de otras cuentas que tenía la sociedad, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Se han aportado a la Administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros.

Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular por el empresario para viajes, pago de la hipoteca particular, pago de nóminas, cursos de formación y reintegros en efectivo.

Por parte de distintas instituciones públicas, la sociedad mencionada fue objeto de diversas inspecciones que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por no consecución de los objetivos, y por fraude en las facturas presentadas, sin que se pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones.

FÁBRICAS DE COCHES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS CIBERNÉTICOS

Otra de las sociedades investigadas presentó un proyecto de fabricación de coches eléctricos, que iba a instalarse en Ejea de los Caballeros, para lo que percibió un préstamo de 311.500 euros del Ministerio de Industria. Sin embargo, la fábrica no llegó a instalarse nunca, y los fondos percibidos fueron transferidos a las cuentas personales del empresario --también detenido--, que las usó para saldar deudas en otras empresas en las que participaba.

La tercera persona detenida es un empresario que constituyó una sociedad con el fin de construir una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, sector en el que no tenía ninguna experiencia ni tampoco conocimientos, en la localidad turolense de Andorra. Allí llegó a adquirir una parcela y a iniciar las obras.

La razón por la que seleccionó la localidad turolense de Andorra fue porque otros dos intermediarios le prometieron la obtención de 600.000 euros del Ministerio de Industria para la reindustrialización de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cosa que efectivamente lograron sin ningún problema.

Una vez obtenidos estos fondos, se crearon diversas empresas instrumentales a través de las cuales se iban moviendo estos fondos y generando facturas falsas que se aportaban a la Administración como justificación de gastos que no concordaban con la realidad de los gastos realizados.

La mecánica que empleaba era la siguiente: realizar transferencias por diversos importes a estas sociedades y aportar al expediente del préstamo del Ministerio de Industria, las facturas que se autorealizaba y el justificante de las transferencias efectuadas. A la vez retrocedía estos pagos mediante cheques, dedicando los fondos a otros fines.

De este modo, este empresario consiguió reintegros en efectivo por importe de 147.320 euros y gastos particulares por unos 100.000 euros. Traspasó fondos a otras empresas de su propiedad en Madrid y a sus colaboradores, empresarios de Guadalajara, por 250.000 euros, que destinaban este dinero a las incipientes obras que se realizaron en Andorra y que, en gran parte, reintegraron en efectivo, apoderándose de los citados fondos.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han sido los encargados de las investigaciones.