Desarticulado un grupo organizado que modificaba las fechas de caducidad de conservas

En la operación, que se ha desarrollado en Navarra, Murcia, La Rioja, Cantabria y la provincia de Valencia, han sido detenidas nueve personas. El grupo está acusado de cometer delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social.

La investigación comenzó en mayo de 2016 a raíz de una denuncia a través del portal de internet de la Guardia Civil, donde se ponía de manifiesto la posible existencia de un fraude alimentario consistente en la modificación de fechas de caducidad y re-etiquetado de conservas, a las que se extendía la fecha final de vencimiento para su consumo, llegando en algunos casos a prorrogarlas más de 10 años, según ha explicado la Guardia Civil en una nota.

Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició una investigación. Se realizaron gestiones tendentes a la averiguación del domicilio social de la empresa en cuestión, así como de las personas que administraban la misma. Los agentes averiguaron que el administrador de la empresa era una única persona, a cuyo nombre figuraban 8 empresas más.

La Guardia Civil solicitó a los ayuntamientos de las localidades donde se encontraban los domicilios sociales los justificantes de pago del IAE (Impuesto Actividades Económicas), dando como resultado que todas las empresas se encontraban de baja por lo que no abonaban el referido impuesto. Sin embargo, todas se encontraban en el Registro Mercantil como activas.

Del mismo modo, se realizaron servicios de vigilancia en los exteriores de la empresa observando continuas cargas y descargas de camiones, "pudiendo constatar la existencia de un entramado delictual", ha explicado la Guardia Civil.

Este entramado había creado presuntamente varias empresas distribuidoras y empresas dedicadas al etiquetado que se facturaban mutuamente.

Las empresas distribuidoras presuntamente adquirían productos de las conserveras directamente, abriéndose en este punto dos vías de salida para la mercancía. Por un lado, que estuchara y etiquetara la conservera las marcas de los distribuidores, con lo que posteriormente, si no se había conseguido vender el producto, éste era recuperado a bajo coste y volvía a los distribuidores. Éstos, a su vez, procedían a re-estucharlo y re-etiquetarlo, en la empresa de etiquetado creada a tal fin, bien con su propia marca bien con marca de terceras empresas de la misma propiedad, alargando las fechas de caducidad, y nuevamente lo introducían en el mercado, según ha explicado la Guardia Civil.

Por otro lado, las empresas distribuidoras compraban la mercancía "a granel" con lo cual "tendrían vía libre para estuchar y etiquetar a su antojo con la empresa etiquetadora", ha añadido la Guardia Civil.

Estas prácticas suponían grandes beneficios sin poner en riesgo ningún capital, generaba ganancias del mismo modo a todas las empresas puesto que los productos cuya fecha de consumo preferente había vencido se ponían de nuevo a la venta, "a sabiendas de las posibles dolencias que pudieran causar a las personas", tales como, botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas.

Como fruto de la investigación se ha podido constatar la existencia de más de 500 transferencias internacionales a paraísos fiscales tales como Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá y Emiratos Árabes, entre otros, por un montante de 5.666.653 euros.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Navarra y ha contado con la colaboración de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial así como agentes del Seprona de Valencia, Murcia y Cantabria.