El Congreso debate mañana la ley del PSOE que garantiza pensión a todos los hijos de víctimas de violencia machista

El Pleno del Congreso debate mañana una proposición del ley del PSOE que busca garantizar el cobro de una pensión por parte de los hijos de víctimas de violencia de género que, actualmente, dependen de que su madre asesinada haya tenido unos mínimos de cotización a la Seguridad Social a lo largo de su vida.

Según ha explicado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, de media en España, cada semana se suma un huérfano por violencia de género a las estadísticas y "muchos de ellos no reciben una prestación a pesar de las reformas legislativas que se han venido haciendo has ahora".

Álvarez se refiere a la modificación realizada en 2015 por el PP, que permite que los huérfanos por violencia machista sean considerados huérfanos absolutos (de madre y de padre) y pasen de cobrar el 20 por ciento de la base reguladora de la madre, al 52 por ciento.

Sin embargo, esta pensión sólo se cobra en el caso de que la víctima haya cubierto unos mínimo de cotización a la Seguridad Social, los mismos que los de cualquier otro huérfano: si está dada de alta o en situación asimilada al alta, haber cotizado 500 días en los últimos 5 años, y si no está dada de alta tener, al menos, 15 años cotizados.

La proposición que ahora se debate busca eliminar estos requisitos, en gran medida porque, como ha señalado la diputada "muchas de las víctimas de esta violencia son expulsadas del mercado laboral precisamente por sus circunstancias personales". De este modo, el PSOE propone que los hijos cuyas madres no han cotizado a la Seguridad Social tengan una pensión garantizada de 677 euros.

AUMENTA LA CUANTÍA

Del mismo modo, también busca que aquellos que sí están cobrando esta prestación tengan un aumento de la misma. Es decir, que su pensión se eleve hasta el 70 por ciento de la base reguladora de la madre. Finalmente, en el caso de que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicaría el 118 por ciento de la base reguladora, a repartir entre los menores. "Así se equipara la cifra a las pensiones de viudedad", apunta Álvarez.

Todos estos supuestos excluyen a los asesinos de las víctimas de violencia de género, dado que los padres pierden la patria potestad de los hijos tras ser condenados, por lo que no cuentan con su pensión. Pero, en el caso de que el padre se quite la vida o fallezca, los hijos sí sumarían a esa pensión mínima o al 70 por ciento de la base reguladora de su madre, el 20 por ciento de la pensión de su padre.

En cuanto a la duración de esta prestación, se les aplica la establecida a cualquier otro huérfano, según la Seguridad Social. Es decir, hasta los 21 años, en el caso de que el joven ya esté cobrando el sueldo mínimo interprofesional o hasta los 25 años como máximo.

ESPERAN UNANIMIDAD

La portavoz del PSOE de Igualdad ha señalado que esta iniciativa busca corregir unas modificaciones que "son insuficientes" porque muchas de las mujeres asesinadas "ya sea por edad o por sus circunstancias personales no llegaban a la cotización mínima suficiente que abriera la puerta a sus hijos para cobrar esta prestación del Estado.

Durante su intervención, Álvarez ha apuntado que espera que la toma en consideración de la ley cuente con el apoyo unánime de la Cámara Baja, incluidos los diputados del PP. En este sentido, ha señalado que desde el Gobierno no se puede poner la excusa presupuestaria para que la norma salga adelante.

Según ha indicado, "en estos momentos los asesinos de víctimas de violencia de género no cobran pensión de viudedad, de manera que las aportaciones que el Estado tendría que hacer a los viudos pueden pasar a la partida de pensiones de orfandad, para cubrir los derechos que se quieren garantizar con esta reforma".