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La Confederación Estatal de Personas Sordas reclama la "plena accesibilidad" de los recursos para mujeres maltratadas

La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordos (CNSE), Concha Díaz, ha exigido que los recursos que se destinen a la atención de mujeres víctimas de la violencia de género y a la prevención de este tipo de agresiones sean "plenamente accesibles" para no dejar fuera a un colectivo, el de las mujeres con discapacidad autitiva, que, según ha asegurado, son "especialmente vulnerables".
"Ser mujer y ser sorda en una sociedad desigual donde la información y el acceso a los recursos y servicios apenas son accesibles, deja a la mujer indefensa --ha alertado Díaz--. Algunas ni siquiera saben que están sufriendo esta violencia, cuánto menos qué pueden hacer, qué derechos tienen y qué servicios hay a su disposición".
La presidenta de la CNSE ha participado este jueves en la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género que lidera la Comisión de Igualdad del Senado.
Durante su intervención, ha explicado a los miembros de la comisión los factores que, a su juicio, incrementan la exposición de las mujeres a la violencia de género, entre los que figuran la "menor credibilidad" que, según indica, en ocasiones se atribuye al testimonio de las mujeres sordas, así como el desconocimiento de los profesionales implicados en este tipo de atención "que desencadenan errores en el diagnóstico, las intervenciones, o incluso en las sentencias".
Para Díaz, es necesario formar como mediadoras ante la violencia de género a mujeres sordas para que puedan seguir, acompañar y apoyar a la víctima durante todo el proceso, así como asesorar y formar a los profesionales que deben atender a la víctima, incluyendo a los miembros de la judicatura, fiscalía, medicina forense, policía, profesionales de la sanidad, del trabajo social, etc.
La CNSE ha pedido que el futuro Pacto de Estado contra la violencia de género "recoja las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad" y atienda a las particularidades de cada tipo de discapacidad e incluya medidas y protocolos de actuación específica para cada caso.
"Que las distintas fases del proceso "no sigan siendo fruto de la improvisación, sino que se trate de medidas contempladas, dotadas de financiación y previstas en las políticas públicas", ha reclamado.