Concluye el registro en el Idescat tras no facilitarse al juez la información requerida sobre el censo del 1-O

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado había acordado este martes una diligencia de petición de información en el Idescat que se ha convertido en registro al no facilitarse la información requerida por el juez.

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer había autorizado el acceso al Idescat para proceder al volcado de información y tratar de recabar más datos sobre cómo se obtuvieron los datos personales de ciudadanos, según explican a Europa Press fuentes policiales.

El registro se produce en el primer día de campaña electoral para las elecciones catalanas del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Juzgado 13 de Barcelona fue el que inició la investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional y las estructuras de Estado que iba a utilizar la Generalitat tras la proclamación de la independencia.

Suya fue la orden del 20 de septiembre de registrar varias sedes del Govern y detener a 14 altos cargos de la Administración catalana.

El Idescat es el órgano estadístico de la Generalitat y, aunque es autónomo, depende de la Consejería de Economía y Hacienda, cuyo último titular fue el vicepresidente cesado Oriol Junqueras.

ACTUALIZÓ EL CENSO

El Idescat fue el organismo al que encargó que digitalizara y actualizara el censo Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía, y 'número dos' de Oriol Junqueras.

El encargo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) el 18 de septiembre, dos días antes de los arrestos de los 14 altos cargos (entre ellos Jové).

Tras la detención de Jové, fuentes del Idescat señalaron que el encargo que les había hecho "no tenía nada que ver con el referéndum".

Se ceñía, según explicaron a Europa Press, a la delimitación territorial de las secciones censales, que son unidades geográficas de un máximo de 2.000 habitantes que sirven para la elaboración de censos electorales pero también para muchas otras utilidades, como por ejemplo la planificación del transporte público.