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En Comú Podem también pide modificar la ley que exige un informe médico para casarse a personas discapacitadas

En Comú Podem ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a modificar la normativa necesaria para eliminar de la legislación civil española la exigencia de informes médicos acreditativos de capacidad para aquellos discapacitados visuales y auditivos que quieran contraer matrimonio.
La formación catalana se une así a las peticiones que ya han realizado sobre el mismo tema tanto Ciudadanos, a través de una pregunta, como el PSOE, que tiene registrada otra proposición no de ley.
La polémica surgió a finales del año pasado, después de que diferentes organizaciones con discapacidad analizaran la reforma del Código Civil que debe entrar en vigo el próximo mes de junio. Uno de los puntos de dicha norma señala que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".
SÓLO EN SUPUESTOS "MUY EXCEPCIONALES"
Para En Comú Podem es necesario modificar esta norma o, en su caso, limitarla restrictivamente sólo en supuestos muy excepcionales, en los que se constate una discapacidad muy grave y muy extrema que lleven a poner en duda del estado de consciencia del contrayente y pongan en evidencia que la persona no tiene plenas facultades para prestar de forma voluntaria el consentimiento de matrimonio.
Del mismo modo, los diputados María del Mar García y Jaume Moya, firmantes de la propuesta, solicitan eliminar de la legislación civil española la exigencia de la presencia de dos testigos en el otorgamiento de un testamento abierto, así como la prohibición de otorgar testamento cerrado u ológrafo, y la previsión que las notarías cuenten con los medios materiales tecnológicos necesarios para suplir las deficiencias sensoriales de los otorgantes.
PARA EL CERMI ES UN "GRAVE RETROCESO"
La semana pasada, coincidiendo con la presentación de la propuesta de los socialistas, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, calificó esta norma como "grave retroceso".
Según ha apuntado, esta normativa ya tenía una restricción para las personas con discapacidad intelectual que el Gobierno también tenía que haber solucionado con arreglo a la convención de la ONU. "Pero en lugar de corregir ese déficit, lo amplia a otros colectivos que nunca antes, en nuestra tradición de derecho civil, habían tenido dificultades para acreditar su toma de decisiones", ha señalado.
Sobre la necesidad de excluir de estos requisitos también a los discapacitados mentales, el presidente del CERMI ha apuntado que "se les debe procurar apoyo antes de la toma de decisiones", explicarles qué significa el matrimonio, las responsabilidades y la reciprocidad que tienen que atender y que ellos lo comprendan, pero, a su juicio, "el enfoque no es excluir de antemano, sino apoyar para que la persona pueda tomar su propia decisión". "Se trata de fomentar la libertad y la igualdad", ha apuntado.
CIRCULAR DE JUSTICIA
El Ministerio de Justicia ya anunció el pasado mes de diciembre que está preparando una circular para aclarar que las personas con discapacidad visual o auditiva no tendrá que pedir dictamen médico para casarse, según confirmaron a Europa Press fuentes de este departamento.
La circular, según señalaban, explicitará que este dictamen médico sólo se refiere a supuestos muy excepcionales; es decir, aquellos en los que la discapacidad es muy grave y muy extrema y la persona no tiene plenas facultades para prestar el consentimiento de matrimonio de forma voluntaria. Por ejemplo, una persona con una discapacidad psíquica muy grave que no es autónoma y que depende de otra persona para hacer absolutamente todo.