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La Comisión de VIH y Empleo pide un pacto de Estado por el VIH y que la infección se catalogue como infecto-transmisible

La Comisión de VIH y Empleo, compuesta por CCOO, UGT, CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo, ha solicitado un pacto de Estado por el VIH y que, además, la infección por sida pase a estar catalogada como infecto-transmisible en lugar de infecto-contagiosa.
En concreto, el pacto de Estado debe estar basado en la 'Recomendación 200' de la OIT sobre el VIH en el trabajo y en la colaboración entre Gobierno, agentes sociales y organizaciones sociales, y, además, debe contemplar el VIH como una cuestión de "derechos" en todos los ámbitos y la igualdad como un principio constitucional, cuya garantía de cumplimiento le corresponda, en primer lugar, a los poderes públicos.
"Denunciamos que no hay excusas para que el Gobierno asuma un compromiso real político, social y económico en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, quienes experimentan cotidianamente situaciones en las que se vulneran sus derechos laborales que van desde la dificultad para acceder al mercado laboral (como a determinados puestos en la función pública), hasta despidos improcedentes", han señalado.
Asimismo, respecto a catalogar la enfermedad como infecto-transmisible, esta petición está contemplada en una proposición no de ley del Congreso de los Diputados y se sustenta en el hecho de que es "imprescindible" la eliminación de los obstáculos para evitar que la infección por VIH constituya una causa genérica de exclusión del acceso, promoción o traslado en la función pública como es el caso de las fuerzas de seguridad o los bomberos.
Además, a juicio de la comisión, esta medida evitará también situaciones de discriminación arbitraria en el uso de determinados servicios públicos como gimnasios, centros de día o residencias de mayores.
Del mismo modo, ha solicitado reforzar las políticas activas de empleo, especialmente en el área de formación, que redunde en la cualificación profesional de los colectivos más vulnerables y aumentar la cuantía de las pensiones no contributivas para asegurar su suficiencia.