El juez Andreu aumenta en 4,7 millones la fianza a la excúpula por la salida a Bolsa

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atiende la petición de más de 300 accionistas minoritarios que se han personado en los últimos meses en este procedimiento y eleva en 4.767.262 euros la caución, que pasa de 33,5 millones a situarse en los 38,2 millones de euros.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 decretará el embargo de sus bienes si Bankia, BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella no prestan dicha suma.

Andreu ha dictado este auto, tras haber celebrado el pasado viernes una vista en la que los perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia interesaron aumentar la fianza en 3.548.447 euros, a lo que ha añadido el tercio que exige el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se trata de la tercera vez que la Audiencia Nacional oscila la caución por la salida a Bolsa de Bankia, que fue fijada el pasado febrero en 800 millones de euros y reducida en abril hasta los 34 millones por la Sección Tercera, que el pasado octubre la rebajó a los 33,5 millones al tener en cuenta únicamente las inversiones de los accionistas personados en la causa.

Los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

En julio de 2012, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.