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Canarias garantiza ayuda a la familia de la abuela encarcelada por no derribar su casa

La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, ha garantizado que la familia de Josefa Hernández "no quedará en situación de desamparo" después de que haya entrado en la prisión de Tahíche (Lanzarote). Josefa ha sido condenada a seis meses de cárcel por no derribar su casa construida en un terreno protegido. La mujer alega que tiene cinco personas a su cargo, entre ellas una hija con discapacidad y tres nietos menores.

A través de un comunicado, la viceconsejera recuerda que la familia de Josefa Hernández se encuentra en una "situación compleja", al estar conformada por varios menores de edad.
Ha añadido, además, que a instancias de la vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández, trabaja desde hace días en la búsqueda de soluciones para la familia, en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura.
Isabel Mena ha avanzado que este miércoles se reunirá con representantes de la Corporación insular para coordinar disponibles por parte de ambas instituciones.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, ha querido mostrar su solidaridad con Josefa Hernández y urge a que su situación se solucione "en el menor tiempo posible".
Asimismo, ha expresado su apoyo a la familia afectada y reitera su disposición para reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso de indulto, tal y como ya ha manifestado con anterioridad.
Josefa Hernández, ya conocida como la abuela de Fuerteventura, entró en prisión este lunes para cumplir una sentencia del año 2012 que la condenaba a seis meses de cárcel por no derribar su casa, construida en un espacio natural protegido en el municipio de Betancuria.
Hernández llegó a la prisión de Tahíche (Lanzarote) poco después de las tres y media de la tarde, y lo ha hecho en compañía del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y del alcalde de su pueblo, Marcelino Cerdeña.
Esta vecina de Betancuria también fue condenada a pagar una multa de 700 euros --que abonó-- y a derribar su vivienda, en la que vive con cinco familiares a su cargo: su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración.
El caso de Josefa Hernández ha generado en los últimos días numerosos gestos de apoyo en Canarias por parte de instituciones y partidos políticos, y más de 50.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org pidiendo su indulto al ministro de Justicia.
Asimismo, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias han convocado concentraciones esta tarde ante las delegaciones del Gobierno de cada isla para pedir el indulto de Josefa, que no ha derribado su casa por carecer de recursos y de otra vivienda donde realojarse junto a su familia.
Antes de entrar en prisión, Josefa Hernández ha dado las gracias a todos ellos y a los medios por haber contribuido a que su caso se conozca, y sólo deseó que el día que salga de la cárcel pueda tener otra vivienda donde poder residir junto a su familia y tirar la que construyó en el Parque Rural de Betancuria, cumpliendo así con la sentencia.