CERMI denuncia que personas con discapacidad legalmente inimputables acaban en la cárcel y pide más vigilancia

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido en el Congreso protocolos más estrictos para determinar "con solvencia" la inimputabilidad o no de una personas con discapacidad con el fin de evitar personas que no pueden ser condenadas por delitos o faltas, acaben con condenas de privación de libertad en las prisiones, como sucede ahora.

Tras estudiar la situación de la población reclusa española, el CERMI ha detectado situaciones en las que la Administración de Justicia no ha estado "todo lo vigilante o fina que debiera" a la hora de apreciar la inimputabilidad de personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

Pérez Bueno ha realizado esta propuesta durante su comparecencia en el Congreso, en el marco de la creación de una nueva Estrategia Nacional de Justicia, por lo que su intervención se ha centrado en exponer los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en esta materia.

Una de las principales reivindicaciones del presidente del CERMI ha sido la "humanización" de esta administración. Así, además de garantizar el acceso a la justicia gratuita y facilitar la literatura comprensible de los textos judiciales, Pérez Bueno ha pedido una administración "cercana y con conocimiento de las diversidades sociales, entre ellas la discapacidad".

Preguntado por esta propuesta, el compareciente ha explicado que, muchas veces, "más que las leyes y los recursos humanos, lo verdaderamente decisivo es el elemento humano". "Es una característica más asumida, por ejemplo, por el sector sanitario, pero la justicia también necesita un plan de humanización", ha apuntado Pérez Bueno, para quien la justicia debe ser más cercana, sobre todo, cuando de "va buscando protección o se trata a personas más expuestas a la violación de sus derechos".

En este sentido, también ha reclamado medios extrajudiciales preventivos que permitan eludir que todas las controversias sean judicializadas ante la Administración de Justicia, Según ha explicado, esta situación favorecería a aquellas personas con discapacidad "que tienen miedo reverencial a esferas no conocidas, como pueden ser los juzgados".

LOS CASOS DE DEPENDENCIA, POR LO SOCIAL

Entre las propuestas del CERMI también hay reivindicaciones que Pérez Bueno lleva reclamando desde hace tiempo, como la reforma constitucional para una igualdad efectiva para este colectivo, así como de las leyes necesarias que permitan a las más de 100.000 personas incapacitadas judicialmente para votar, ejercer este derecho.

También ha llamado a una reforma ordenamiento civil para eliminar los sistemas de incapacitación, tutela y curatela, unos paradigmas que, a su juicio, "ya están superados". "Pedimos un sistema que complemente y que no sustituya a la persona", ha declarado.

En su intervención también ha abogado por la supresión del procedimiento de internamiento forzoso por salud mental que va en contra de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que los casos relacionados con la Dependencia se traten a través de la jurisdicción social y no por lo contencioso administrativo, como actualmente.

Finalmente, Pérez Bueno ha solicitado una mayor vigilancia del aumento de delitos de odio y la puesta en marcha de medidas para reducirlo, al ser los discapacitados, según ha explicado, un colectivo más expuesto a este tipo de maltratos. En este sentido, ha explicado que el 20 por ciento de las víctimas de violencia de género tienen alguna discapacidad, cuando son el 10 por ciento del total de la población femenina.