El CERMI pide al Parlamento que los fondos de las cuentas bancarias bloquedas se destienen a fines sociales

Según recuerda esta organización, con arreglo a la legislación contra el blanqueo de capitales aprobada en 2010, las entidades de crédito tienen la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones. El plazo para finalizó el 30 de abril de 2015.

La respuesta legal ante la falta de identificación de los titulares de las cuentas es el bloqueo de la mismas y no la cancelación, pues esta última solo se produce cuando no hay saldo. Sin embargo, el CERMI señala que hay que esperar los veinte años establecidos en el artículo 18 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 para que los saldos de las cuentas puedan ingresarse a favor del Estado para el destino previsto en la ley.

La propuesta de modificación legislativa del CERMI, remitida al Congreso y al Senado, es reformar la Ley 33/2003 para dar a los saldos de las cuentas bloqueadas el mismo tratamiento que a los de las cuentas sin actividad, ya previsto en la normativa y rebajar de veinte a cinco años el plazo máximo en que pasarían al Estado para que éste los destine a programas de mejora educativa de personas con discapacidad.

"Con este cambio normativo, se multiplicarían los recursos que la Administración obtiene por esta vía, y por tanto se dispondría de muchos más fondos para dedicarlos a fines sociales de atención a personas con discapacidad", sostienen desde CERMI.