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Bruselas propone límites para la exposición de siete cancerígenos en puestos de trabajo

La Comisión Europea ha pedido este martes fijar o actualizar los límites para niveles de exposición permitidos en el puesto de trabajo para un total de 13 sustancias químicas cancerígenas o mutágenas, como el dicloruro de etileno, los aceites usados de motores o el tricloroetileno.
Esta propuesta se suma a los nuevos topes para otras 13 sustancias cancerígenas que propuso en mayo de 2016. Los nuevos, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, mejorarán la protección de 4 millones de trabajadores europeos.
En concreto, Bruselas estima que los mayores beneficios se centrarán en los aceites usados de motores y en el tricloroetileno. En el primer caso calcula que se salvarán 880 vidas y se evitarán 90.000 casos de cáncer hasta 2069, mientras que en el segundo se salvarán 390 vidas en el mismo periodo.
No obstante, la Comisión Europea ha recordado que el tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad puede ser de hasta 50 años, al mismo tiempo que ha apuntado que las estimaciones se basan por lo tanto en una serie de asunciones sobre proyecciones de exposición, métodos de producción y conocimiento médico.
El Ejecutivo comunitario ha destacado que estos cambios en la directiva de cancerígenos y mutágenos además de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ayudará a evitar gastos en cuidados sanitarios y a reducir los ingresos perdidos tanto de las personas afectadas como de aquellas responsables de su cuidado.
También repercutirá en las empresas al disminuir los costes asociados al cáncer laboral en términos de productividad, fruto de una menor pérdida de empleados y de un menor gasto en formación para nuevos trabajadores. Con respecto a los países de la UE, Bruselas asegura que reducirá los costes sanitarios relacionados con el tratamiento y la rehabilitación de enfermos, entre otras cuestiones.
Junto con estos límites para sustancias cancerígenas, la Comisión Europea ha publicado una guía práctica para ayudar a las empresas, en particular a las pymes, a aplicar las normas de salud y seguridad existentes. En este sentido, identificará las buenas prácticas para apoyar a las microempresas y a las pymes en su aplicación de los estándares de seguridad laboral.
Por último, el Ejecutivo comunitario ha lanzado un programa de dos años para eliminar y actualizar las provisiones desfasadas en la legislación sobre la misma materia. El objetivo es aclarar y reducir la carga administrativa y al mismo tiempo mantener o mejorar la protección de los trabajadores.
La comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, ha apuntado que se trata de un plan de acción "claro" para "una política coherente de salud y seguridad en el trabajo" con "normas claras, actualizadas y efectivamente aplicadas sobre el terreno".