La Ayuda Oficial al Desarrollo española se recorta en más de 2.200 millones de euros en la última década

En estos casi dos lustros, el ejercicio con mayor dotación presupuestaria fue el de 2009, con 5.015 millones de euros, coincidiendo con la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por el contrario, el año en el que menos presupuesto se dedicó fue 2014, alcanzando los 1.596 millones de euros, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

Respecto al Producto Nacional Bruto (PNB) de los últimos ejercicios, la AOD de España supuso en 2015 un 0,13% --el mismo porcentaje que en 2014-- convirtiéndose en el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos porcentaje de su PNB dedica a ayuda al desarrollo, solo por delante de República Checa, Eslovaquia y Polonia. Esta cifra se sitúa lejos del objetivo del 0,7% fijado por las Naciones Unidas en una resolución de 24 de octubre de 1970.

El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Luis Tejada, relaciona este "bajo porcentaje" con el "ajuste presupuestario derivado de la crisis económica" en España y del "elevado déficit público alcanzado como consecuencia de la misma". Además, a falta de conocer el presupuesto de 2017, prevé que este año "continúe la contención presupuestaria para cumplir el objetivo de déficit acordado por la Comisión Europea" por lo que señala que "si se produjeran aumentos, previsiblemente no podrían ser muy sustanciales".

En este contexto, el experto en políticas de desarrollo Gonzalo Fanjul considera que el estado actual de la cooperación internacional española es "crítico, pero con posibilidades de mejoría". "La cooperación española está en niveles prácticamente récord por lo bajo de presupuesto de los últimos 20 años. Sale de un periodo de abandono y de marginación política por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno del PP en mayoría absoluta", detalla.

RETO: ALCANZAR EL 0,4%

En cualquier caso, cree que ahora que España cuenta con un Ejecutivo en minoría, habrá "más margen de maniobra". "Las organizaciones que trabajamos en este ámbito hemos reclamado que se alcance el 0,4%, que sería la media de la Unión Europea, lo cual no es ninguna chifladura. España ya estuvo ahí e incluso más alto", agrega.

Además, recuerda que, por mandato, toca hacer un nuevo Plan Director, y existe la posibilidad de que se discuta una nueva Ley de Cooperación, pues la última data de 1998.

Para los cooperantes, los recortes suponen poner en peligro algunos proyectos muy necesarios y les exigen priorizar aún más las intervenciones "vitales" y a ser "más creativos" en la búsqueda de fondos. "Es cierto que ha aumentado la precariedad en España pero creo que no son situaciones comparables", explica la cooperante de Manos Unidas Alejandra Escalada, que trabaja en Senegal desde el año 2015 pero está vinculada a la cooperación desde 2004.

Sobre el nuevo Plan Director de cooperación española, cuyos trabajos preparatorios podrían dilatarse a lo largo del año, Escalada sugiere que este no dependa del partido político que gobierne y que haya decisiones de base que se mantengan "a largo plazo". Por su parte, el jefe de la Delegación de Cruz Roja Española en Haití, Hugo Gimbernat, pide "una movilización de recursos más importante" y ampliar las miras en cuanto a sectores de intervención.

2.842 COOPERANTES ESPAÑOLES

Por otro lado, el número de españoles cooperantes, aumentó entre 2014 y 2016 en un total de 278, alcanzando en el último año la cifra de 2.842, según datos de la Cooperación Española correspondientes a 2016. Escalada y Gimbernat achacan este incremento a la creciente concienciación de la sociedad sobre las desigualdades en el mundo.

"En este mundo globalizado, cada vez nos sentimos más conectados, lo que supone que nos afectan los problemas de los demás y nos sentimos urgidos a hacer lo que esté en nuestra mano para resolverlos", apunta Escalada.

El perfil del cooperante español es el de una mujer (suponen el 56% del total), mayor de 35 años (el 77% de los cooperantes superan esta edad) que trabaja en África Subsahariana (el 44% desarrolla su trabajo allí). A este continente, le siguen América del Sur, donde se encuentran asentados un 22% de los cooperantes españoles; América Central y Caribe, con un 15% y la región de Asia y Pacífico, Magreb y Oriente Medio y Próximo, con un 5%.

Además, el 37% son personal religioso, el 27% trabaja bajo la coordinación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), mientras que el 11% lo hace para organismos internacionales. Por último, un 8% del personal español trabaja para la AECID.

A este respecto, Gonzalo Fanjul opina que los cooperantes tienen "mucho" reconocimiento social. "Todo el mundo les aprecia", apunta. Si bien, añade que el reconocimiento laboral depende mucho de sus circunstancias, de para quién estén trabajando y cómo.

Así, por ejemplo, explica que los cooperantes en Naciones Unidas "normalmente tienen una protección económica y personal mucho mayor que quienes trabajan en organizaciones más pequeñas". Para el experto, hay un problema más bien de "desperdicio de su talento y de su contribución a la imagen de España".

LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN

A esto hay que sumar los riesgos a los que se enfrentan muchos de ellos, dependiendo de la zona donde trabajen: secuestros, amenazas, coacciones o violencia. Si bien, el cooperante Hugo Gimbernat, que pasó por Mauritania, República Democrática del Congo y Mali, antes de llegar a Haití, donde vela por el desarrollo de los programas en conjunto con la Cruz Roja Haitiana, señala que la principal causa de muerte en esta profesión son los accidentes de tráfico.

En cualquier caso, valora positivamente que cada vez se dedican más recursos a la seguridad de los cooperantes aunque puntualiza que es "contraproducente exagerar sin justificación normas y protocolos" ya que "puede tener efectos nocivos sobre las operaciones y la percepción de las organizaciones y el personal".

Para gestionar la cooperación y la ayuda al desarrollo, España cuenta en la actualidad con la AECID, un órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 la reforma de la entonces Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que incluía una ampliación de su personal, la creación de una Oficina de Ayuda Humanitaria y un departamento específico para África subsahariana, entre otras modificaciones.

El órgano estatal opera en un total de 38 países y territorios de todo el mundo y pone el foco de su actividad en las áreas de Agua y saneamiento, Crecimiento económico y empleo, Cultura y ciencia, Desarrollo rural, Seguridad alimentaria y nutrición, Educación, Género, Gobernabilidad democrática, Medio ambiente y cambio climático, Salud, y Acción Humanitaria española.