La Alta Inspección determinará si el uso de catalán y fabla como lengua vehicular en Aragón se adecua a la legalidad

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han recordado a Europa Press que corresponde a la Alta Inspección Educativa comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece el estado en la ordenación general del sistema educativo.

De este modo, señala que, como es habitual, la Alta Inspección está en proceso de verificación de la norma una vez ha sido publicada y que es este departamento el que tiene que verificar que las normas que se dictan en las comunidades autónomas cumplen con la normativa estatal.

La orden aragonesa señala que la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, en su redacción vigente, establece que el aragonés y el catalán de Aragón, en las que están incluidas sus variedades dialectales, son las "lenguas y modalidades lingüísticas propias a las que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007".

"Nuestra realidad lingüística, reconocida en dicha Ley, se concreta mediante la incorporación del área de Lenguas Propias de Aragón desarrollada en este currículo con objeto de fomentar, en las zonas de utilización predominante, el aprendizaje de las lenguas propias", señala.

De este modo el artículo 19 de la orden regula las 'Enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón'. En él, se establece que los centros autorizados ofertarán enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, acogiéndose a lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón y con un mínimo de una hora y media de clase semanal de primero a sexto de la ESO.

Además, la norma que es de aplicación a partir del próximo curso 2016/2017, contempla que estos centros podrán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el aprendizaje funcional de dichas lenguas y modalidades lingüísticas "mediante su uso como lengua vehicular para la enseñanza de otras materias". Dichos proyectos deberán ser aprobados e informados por el Servicio Provincial del Departamento competente en materia de educación no universitaria con carácter previo a su autorización.