AMP-Becerril recurre ante el TC un precepto de los Presupuestos catalanes que "atenta contra la autonomía universitaria"

Según explica en un comunicado esta institución, la disposición recurrida afecta al principio de seguridad jurídica proclamado en la Constitución (artículo 9.3) y al contenido previsto para la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, por lo que ha considerado "pertinente" interponer este recurso de inconstitucionalidad.

"Las leyes de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida a la que deben ceñir su contenido, que es la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un año, o al menos, guardar una relación directa con esta materia", subraya.

Asimismo, explica que esta disposición establece un régimen de reposición de personal docente e investigador para las universidades públicas de Cataluña, vinculado a un concreto plan de investigación (Plan Serra Húnter), lo que, a juicio del Defensor, "evidentemente tiene un carácter meramente organizativo y no guarda relación alguna con el contenido propio de la ley presupuestaria".

Por otra parte, apunta que la disposición adicional cuestionada impone la obligación a las universidades públicas de Cataluña de realizar mayoritariamente la reposición de su personal docente investigador a través del Plan Serra Húnter.

Para el Defensor del Pueblo este mandato imperativo "lesiona el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria", consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución.

"Por una parte, restringe la potestad de selección de su personal académico a las universidades y, por otra, convierte en obligatoria la participación de las universidades en dicho Plan --del Gobierno de Cataluña y no de las universidades-- si quieren reponer sus efectivos de personal docente investigador a lo largo de 2017", concluye.

Por su parte, el sindicato CSIF, que pidió a la institución que presentara el recurso, asegura que, desde hace cinco años, la Generalitat evita los concursos públicos a cuerpos docentes universitarios nacionales (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad) y sólo se convocan contratados laborales dentro del sistema universitario catalán y por tanto conforme a los criterios que establece el gobierno de esta comunidad autónoma.

"La Ley establece que el personal docente e investigador contratado no podrá superar el 49 por ciento del total (el 40 por ciento en el caso del personal temporal). Sin embargo a 1 de enero de 2017, en la Universidad de Barcelona, solo quedan 2.200 funcionarios, frente a 4.000 laborales contratados por la Generalitat".

"Desde CSIF consideramos que el Plan Serra Húnter es una amenaza a la autonomía universitaria y una injerencia evidente de la administración catalana en la capacidad de las universidades para contratar su personal docente e investigador. Hay que recordar que la Generalitat determina el número de contrataciones, nombra parte de los tribunales, establece el número y las características de las pruebas, marca los criterios generales de valoración de los candidatos, etc.", explican.