Un proceso participativo como alternativa a la consulta con la ayuda de voluntarios

Han pasado 11 meses en los que la Generalitat y los partidos proconsulta han intentado celebrar una consulta de autodeterminación por dos vías: pidiendo al Congreso la cesión de la competencia para celebrar referéndums y desarrollando después la Ley catalana de Consultas no Refrendarias.

La Cámara Baja rechazó con 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención la proposición de ley del Parlament para pedir autorización para convocar un referéndum, una negativa tras la que la Cámara catalana agilizó la elaboración de la Ley de consultas.

El 19 de septiembre, 106 de los 135 diputados del Parlament aprobaron la Ley de Consultas no Refrendarias, una norma de la que se sirvió Mas el 27 de ese mismo mes para firmar un decreto de convocatoria en el que llamaba a los catalanes a participar en una consulta sobre el futuro de Catalunya el 9 de noviembre.

El lunes siguiente, el Gobierno de Mariano Rajoy -tras recibir un informe del Consejo de Estado- recurrió de urgencia ese decreto ante el Tribunal Constitucional (TC), que ese mismo día se reunió de urgencia para admitir a trámite el recurso y suspender el decreto de convocatoria y parte de la Ley de Consultas.

Tras suspender la campaña institucional, el Govern inició los contactos para consensuar con las fuerzas proconsulta la respuesta a ese recurso, unas reuniones culminadas en tres cumbres que acabaron con la ruptura de la unidad tras un encuentro en el Palau de Pedralbes.

Ese día Mas comunicó al resto de fuerzas que no podía celebrar el 9N en base a la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y planteaba un escenario alternativo que en un primer momento rechazaron ERC, ICV-EUiA y CUP, llevando al propio presidente catalán a reconocer que se había roto el consenso.

Un día después, el presidente de la Generalitat comparecía para explicar públicamente su alternativa para llevar a cabo el 9N, un proceso participativo con urnas y papeletas convocado en base al marco general de competencias exclusivas de "fomento de la participación ciudadana" como paso previo a una 'consulta definitiva' en forma de elecciones plebiscitarias.

RECOMPONER LA UNIDAD

Pese a las críticas iniciales, tras la introducción de algunos cambios para fortalecer la jornada --como ampliar el número de puntos de votación y admitir que no se trataba de una consulta-- ERC, ICV-EUiA y CUP se sumaron de nuevo a este proceso participativo, así como las entidades sociales que forman parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Los cambios en el proceso participativo despertaron los recelos también del Gobierno central, que tras unas primeras semanas restando trascendencia al proceso participativo, acabó acusando al Govern de realizar una consulta encubierta y presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que lo admitió a trámite y suspendió la jornada.

Sin embargo, desde entonces el Govern ha presentado varias alegaciones al alto tribunal y ha mantenido los preparativos del 9N al entender que no se puede suspender "algo que no existe", en palabras del portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, alegando que el Gobierno central consideraba que se estaba haciendo una consulta cuando no era así.

Además, el Ejecutivo que preside Artur Mas llevó al Gobierno central ante el Tribunal Supremo (TS) al considerar que hacía un "uso torticero" del TC, impugnado el proceso participativo del 9N con el único afán de impedir que se celebre y de que los catalanes ejerzan su derecho de libertad de expresión e ideológica, una demanda que el Supremo rechazó.

Este viernes, el Govern reiteró ante las entidades del Pacte Nacional que seguía al frente del proceso participativo, aunque subrayando que gran parte del éxito de la cuestión logística recaía en manos de los más de 40.000 voluntarios: "La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final pero no lo ejecuta. Lo ejecutan las personas voluntarias", resumió el coordinador del Pacte, Joan Rigol.